Espacios Abiertos y Ayuda Legal Puerto Rico alertaron sobre una tendencia a reducir asignaciones presupuestarias que afecta el derecho de la ciudadanía a procurar asistencia legal u otro tipo de ayuda.

El presupuesto propuesto por el Gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal, así como los presupuestos de la pasada década han venido acompañados de reducciones de fondos a las agencias encargadas de garantizar el acceso a la justicia, mientras la estructura gubernamental limita la participación de la ciudadana en la discusión presupuestaria.

Así lo denunciaron la directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreau, y Daniel Santamaría Ots, analista de política pública de la organización Espacios Abiertos, durante la presentación ayer de un estudio que evaluó los presupuestos y partidas de las procuradurías del Paciente, Mujeres y Ciudadano, así como el Tribunal General de Justicia.

El análisis concluyó que durante los pasados diez años, las medidas de austeridad económica impusieron una baja sustancial en el personal de las procuradurías a través de congelación de plazas y recortes presupuestarios.

Por tratarse de agencias que ofrecen servicios directamente a los ciudadanos y ciudadanas, advirtió que estas contracciones presupuestarias y de personal atentan directamente contra el derecho de acceso a la justicia.

Según Santamaría Ots, la participación ciudadana en el proceso presupuestario se eliminó por completo e incluso se limitaros las aportaciones de los legisladores. Luego de la implantación de la ley Promesa, la Asamblea Legislativa ha tenido menos tiempo para discutir y analizar el presupuesto.

«Desde el año fiscal 2017, desde que llegó la Junta Fiscal, los días de discusión se redujeron a 39 días en el 2017, 25 días en 2018 y 19 días en 2019», expresó Santamaría Ots.

Anteriormente, la discusión habitual del presupuesto se extendía entre 40 y 60 días entre ambos cuerpos legislativos.

En contraste, el presupuesto que aprobó ayer la Cámara de Representantes y que entraría en vigor el 1 de julio, se discutió en una sola vista pública.

El presupuesto de Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021 que presentó la gobernadora, Wanda Vázquez Garced la semana pasada, y el propuesta elaborado por la JCF eran similares, salvo por seis puntos que representaban una diferencia de $169 millones.

Los puntos en disputa incluían el bono de Navidad, el seguro paramétrico, la propuesta para privatizar el Canal 6 (WIPR), el pareo de fondos federales de los desastres de los huracanes Irma y María.

Otro eje de controversia era la inyección económica a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que reclama $15 millones adicionales al presupuesto asignado para financiar las Elecciones Generales de noviembre y cumplir con la nueva reforma electoral, así como las nuevas medidas de seguridad para garantizar el voto impuestas por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, ninguna de las partidas en pugna va dirigida a mejorar el acceso a la justicia desde el sector gubernamental a través de las procuradurías del Ciudadano, Mujeres, Paciente o el Tribunal General de Justicia.

«Las partidas para esas agencias se han ido reduciendo con el paso de los años. Las mismas procuradurías han señalado que han aumentado la demanda de sus servicios sustancialmente, pero cada vez tienen menos personal y menos recursos», apuntó la abogada comunitaria y analista de política pública de Ayuda Legal, Nicole Díaz González.

Crece la dependencia a fondos federales

De acuerdo al análisis, los presupuestos presentados para las procuradurías son similares a las partidas presupuestarias del año anterior, pero dependen en gran medida de fondos federales y no de asignaciones del Fondo General.

«Vemos que está aumentando la dependencia de fondos federales, mientras disminuye la inversión de fondos estatales», comentó Díaz González.

«Las subvenciones de fondos federales tienen limitaciones. Suelen ser para programas específicos y están sujetos al vaivén político partidista. Nosotros no tenemos el mismo poder de participación en el congreso para influir en esa toma de decisiones», agregó la abogada.

Esa dependencia a los fondos federales se observa claramente en la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada. Más del 90% de su presupuesto proviene de fondos federales.

Existe otra variable. Las ayudas federales operan a través de un sistema de pareos, que se afecta en la medida en que las agencias no cuentan con recursos propios para sufragar su parte.

«La Oficina de la Procuradora de la Mujer reportó que ya están en el tope porque no tienen suficientes fondos estatales para el pareo», apuntaló Díaz González.

Además de depender de fondos federales que no son recurrentes, esas agencias han visto sus presupuestos menguarse a través de los años. Por ejemplo, el recorte presupuestario la Procuraduría del Ciudadano ha sido de un 51% desde el 2010. La institución también sufrió una merma de personal de 37% y sus pasados directores han manifestado la necesidad urgente de contratar investigadoras, abogadas y médicos.

El propio sistema general de justicia ha enfrentado una merma de 16% en su presupuesto, que trajo como resultado una merma en la partida de nómina de 17%. Esto se combina con una reducción de su personal transitorio y el cierre de 20 salas de tribunales alrededor de la isla.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha visto su presupuesto reducirse en un 18% desde el 2010, mientras que su plantilla de empleados de achicó en un 30%. Actualmente, la oficina cuenta con un solo inspector y no tiene abogadas en su plantilla.

Aunque la propia ley habilitadora de la institución establece la creación de oficinas regionales, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres solamente opera desde su oficina central en San Juan.

En cuanto a la Oficina del Procurador del Paciente, la reducción presupuestaria ha sido de 49% y la merma de personal alcanzó el 58%. En el 2010, la oficina resolvió 10,000 querellas, mientras que para el 2018 solamente atendió 1,900.

«La crisis nos afecta a todas las personas por igual y la austeridad afecta de forma desproporcional a unos grupos en específico. En este juego del presupuesto siempre sale perdiendo la gente, los grupos más desventajados económicamente», concluyó la abogada y directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau-Aubert.