El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, canceló la orden de pruebas, pero ya se había depositado la mitad del monto.

El depósito de $19 millones que se hizo como parte de la orden de un millón de pruebas que fue cancelada por no cumplir con aval federal ni con fecha de entrega, y que totalizó $38 millones, ha sido solicitado, pero, al momento, no ha sido devuelto a las arcas del gobierno.

Así lo confirmó esta mañana el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 AM.

«Se está solicitando a la entidad que devuelva el dinero», expresó, aunque no supo decir cuándo pasaría esto.

Lea también: Autoridades federales tienen la lupa sobre el Departamento de Salud

Aparte de conocerse que la cancelación se debió a la falta de validación necesaria a nivel federal y el cargamento no llegaría en la fecha requerida, ha trascendido que la empresa involucrada es una que no cuenta con experiencia en productos médicos.

Asimismo, González Feliciano se desvinculó del grupo Lemus, específicamente de Juan Suárez Lemus, dueño de la empresa repoa la que se le hicieron las compras de pruebas.

«No. No lo conozco», dijo a preguntas de Julio Rivera Saniel, mientras añadió que, entre sus instrucciones de ahora en adelante, está realizar las compras a entidades validadas por el FDA, y hacerlas directamente con el suplidor.

«Vamos a sacar todos los intermediarios para evitar este tipo de problemas», aseguró.

Le puede interesar: Solo 12% de la población en Puerto Rico podrá someterse a una prueba de COVID-19

González Feliciano, además, confirmó que colabora con el Negociado Federal de Investigaciones Especiales (FBI, en inglés), quienes ya le ha pedido que guarde evidencia de las cuentas y correos electrónicos que tramitaron las compras.

Al momento, las autoridades federales también podrían estar investigando el hallazgo de medicamentos expirados, y que fueron donados al gobierno.

De la misma manera, indicó que no puede explicar cómo la Oficina para el Manejo de Emergencias tuvo la potestad para autorizar compras de pruebas, aceptando que la jurisdicción para estas decisiones corresponde al Departamento de Salud.

«En este momento, es del Departamento de Salud, sí… se le ha dicho a todos, inclusive a los miembros del ‘task force’ que el proceso tiene que ser uno del Departamento de Salud», confirmó.

En el programa radial, González Feliciano también indicó que hay un total de 200 mil pruebas rápidas para el coronavirus COVID-19 que llegaron al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a través de la Agencia Federal de Aduanas e Imigración.

«Tengo entendido que están en la lista, las aprobaron por la FDA», indicó, para añadir que esperan distribuirlas desde hoy.

De otra parte, González Feliciano precisó que otras 7 mil pruebas ya están disponibles desde el viernes pasado.