En caso de sin fines de lucro fantasmas.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) evaluará durante el receso navideño una segunda oferta de alegación de culpabilidad de Soniel Torres Suárez, exempleada del Capitolio acusada por fraude, malversación de fondos públicos y otros cargos en relación a la emisión de pagos a un empleado fantasma en la Casa de las Leyes, así como la creación de entidades sin fines de lucro fantasmas para obtener fondos legislativos.

Torres Suárez dirigió la oficina capitolina del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón L. Rodríguez Ruiz desde el inicio de este cuatrienio, hasta que el funcionario fue expulsado de la Cámara de Representantes en febrero de 2018.

‘Los abogados de defensa habían radicado una oferta de transacción. Esa primera oferta de transacción pues, yo con mi compañera delegada no la aceptamos y así se lo expuse al Panel. Ellos en esta semana me hicieron otra oferta de transacción y yo entiendo que esa nueva oferta de transacción amerita dicha transacción. Estoy de acuerdo con ella y voy a defenderla en el Panel’, aseguró el fiscal especial Manuel Núñez Corrada.

El fiscal, en compañía de la licenciada Cándida Sellés Ríos, se mostró confiado en que con esta oferta se pondría punto final al proceso judicial de la exempleada, cuyas acusaciones ascienden a diez en distintos renglones: perjurio, malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, fraude o engaño sobre testigos y fraude mientras laboraba en el Capitolio.

La oferta debe ser elevada al Panel del FEI para su evaluación y, de ser aceptada, se emitiría una resolución que acompañaría la alegación de culpabilidad y se incluiría en el expediente del caso. La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Eloina Torres Cancel, estableció que si no se había logrado un acuerdo para el 23 de enero de 2020, esa fecha sería el comienzo del juicio en su fondo de la acusada.

‘Ella hace alegación de culpabilidad, el tribunal emite un informe pre-sentencia. Si el informe es positivo, pues la juez puede darle libertad y cumplir, como dicen, en la calle, pero si el informe es negativo, pues cumpliría en la cárcel’, explicó el fiscal al preguntársele si la acusada cumpliría una pena de reclusión.

Al preguntársele si entre la oferta se encontraba incluir a Torres Suárez en la lista de testigos del juicio contra el exrepresentante Rodríguez Ruiz, el fiscal especial mencionó que las partes continúan en conversaciones sobre ese asunto.

De acuerdo a los testigos que sentó la OPFEI en el proceso de vista preliminar, fue Torres Suárez en su rol como administradora de la oficina legislativa quien firmó los cheques y falsificó facturas y firmas del empleado fantasma y del exrepresentante. Por eso, es ella quien carga con el grueso de las denuncias en comparación con quien fuera su jefe, quien enfrenta juicio por dos cargos.

‘La primera oferta fue rechazada y ahora la segunda está ante la consideración del panel [del FEI]. Sometería culpa en algunos de los delitos’, señaló el abogado de Torres Suárez, Lester Arroyo Crespo, quien aseguró que la intención de su representada es hacer alegación de culpabilidad en este caso.

La defensa de Torres Suárez es completada por el licenciado Mario Moczó González.

Los cargos de perjurio que enfrenta Torres Suárez se basan en un incidente ocurrido a principios de noviembre de 2017, en el cual radicó una querella de violencia de género contra Rodríguez Ruiz por agredirla en el rostro y de la cual posteriormente se retractó.

A Rodríguez Ruiz se le encontró causa para juicio por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, referente a la contratación de un empleado fantasma en su oficina legislativa e irregularidades en la creación y la designación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas.

El juicio del exrepresentante, por su parte, comenzará en diciembre.

En el ámbito federal, tres acusados se declararon culpables por participar de un esquema de fraude similar, en el cual se cobraron contratos en el Capitolio por trabajos que nunca se llevaron a cabo. A finales de junio y sin ir a juicio, los empleados fantasma del Capitolio, Isoel Sánchez y Chrystal Robles, se declararon culpables de fraude electrónico. El 9 de octubre, se unió el entonces director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado, Ángel Figueroa Cruz.