Plan en inglés, y con partes censuradas.

Despues de las críticas porque se volvió a reclamar que el documento no sería publicado por ser confidencial, el Gobierno de Puerto Rico hizo público su plan de emergencia, llamado formalmente Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos.

El documento de 244 páginas y 16 anejos está publicado en ingles y está identificado como la versión 1.10 de junio de 2019, pero no tiene la fecha exacta en que lo firmaron la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román. Apareció en la página del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

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‘Por primera vez en la historia de Puerto Rico, el gobierno se ha unido al sector privado y sectores no gubernamentales para crear (el plan). Esta iniciativa está basada en lecciones aprendidas y mejores prácticas llevadas a cabo durante el huracán más severo que ha impactado a Puerto Rico en los últimos 89 años, el huracán categoría 4 María’, proclama el documento.

‘Las consecuencias del huracán María hicieron claro que no había planes de emergencia apropiados que consideraran esos escenarios o no se tenía los recursos para atender un desastre de esa magnitud’, añade.

El documento fue validado por el Center for Naval Analysis y el National Academies of Sciences, Engineering and Medicine Division, y no solo sirve de base para la eventualidad de un huracán, sino tambien terremotos, tsunamis, inundación severa, pandemias, desastres tecnicos, falla de represas, accidentes aereos, disturbios civiles y ataques terroristas. Se dicta su revisión y actualización por lo menos una vez al año.

Entre las limitaciones de Puerto Rico que se tomaron en cuenta listaron: la vulnerabilidad ‘extrema’ de la infraestructura de comunicaciones y electrica, atraso en la respuesta federal ‘por la localización geográfica de la Isla’, falta de planes operacionales coordinados con las agencias federales, falta de planes de continuidad para operaciones en el sector público y privado, falta de continuidad en el equipo de coordinación de las agencias debido a que ‘la mayoría es sustituido cada cuatro años debido a cambios políticos’, y ‘procesos burocráticos y regulatorios excesivos que limitan el proceso de respuesta y recuperación’. Toma como base tambien que la Junta de Control Fiscal (JCF) controla el presupuesto del gobierno.

El sector privado estaría representado por el Centro de Operaciones de Emergencias de Negocios (COEN), con representación de los sectores de transportación, agua, energía, servicios financieros, químicas, manufactura crítica, salud, alimentos, tecnología de información, agricultura y comercio.

Del material censurado, la versión pública obvia los detalles relacionados con el manejo de cadáveres, un evento crítico en la secuela del huracán María.

Tambien, se suprimieron algunos detalles relacionados con suministro de fármacos, movilización de acarreadores de combustible, con quien hay que comunicarse además de los medios, manejo de información sobre ‘infraestructura crítica’, medidas de evacuación medica si los hospitales reportan fallas electricas, la seguridad en los centros de distribución de combustible, manejo del tráfico cuando no hay suficientes policías, coordinación con compañías de telecomunicaciones, lo que se haría si los helicópteros de la Autoridad de Energía Electrica no estuvieran disponibles, las prioridades de manejo de material en los puertos, alternativa si los hospitales no tienen más capacidad de respuesta, manejo de enfermedades infecciosas en los refugios, entre otros.

‘No se había firmado un plan de cómo atender este tipo de emergencias. Hoy tenemos un plan de cómo atender estos asuntos de emergencias. No solo incluye el gobierno estatal sino tambien al gobierno federal’, había dicho el lunes la secretaria de la Gobernación, Zoe Laboy Alvarado, al argumentar que no se podía considerar plan el documento que trabajó Rosselló Nevares porque no se había firmado.

El año pasado, el Centro de Periodismo Investigativo tuvo que demandar a la Administración Rosselló Nevares para que entregaran copia del plan, a lo cual accedieron antes de que el tribunal emitiera una adjudicación final. El documento entregado en esa ocasión tenía fecha de octubre de 2018 y no estaba firmado por los funcionarios a cargo del mismo.