El comité de juristas creado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez entregó este lunes un informe recomendando a ese cuerpo legislativo paa que inicie el proceso de separar al gobernador Ricardo Rosselló de su cargo por la posible comisión de delitos en sus conversaciones con allegados en el chat de Telegram.

La determinación es que en el tracto de los mensajes de Rosselló Nevares en la plataforma de mensajería encriptada podrían constituirse al menos cinco delitos. Dicha determinación se tomó de forma unánime por los abogados Francisco Reyes Caparrós, Luis Enrique Rodríguez Rivera y Enrique Colón Santana.

‘Luego de evaluar los folios del chat, en todas las materias en las que ha podido hallar consenso, el Comité Ejecutivo ha determinado la presencia de elementos de delito al amparo de los cuales se recomienda a la Cámara de Representantes considere la formulación de la acusación correspondiente por los delitos que se indican’, lee el documento de 17 páginas.

Qué delitos se le imputan en este informe a Rosselló?

Posibles violaciones al Código Penal:

Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos (Art. 252)

Delito grave: ‘Toda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicio pagados con fondos públicos será sancionada por un término de tres años’.

Se desprende de la conversación filtrada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que Rosselló y sus allegados discutían estrategias para neutralizar, contestar o atacar a opositores políticos.

De acuerdo con el informe de los juristas, en numerosas instancias en el chat de Telegram, Rosselló pudo haberse aprovechado del trabajo de funcionarios y contratistas ‘para beneficio político-partidista, al no actuar conforme a la ley y el reglamento’.

Malversación de fondos públicos ( Art. 264 (b)

Delito grave: ‘Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, independientemente de si obtuvo o no beneficio para sí o para un tercero todo funcionario o empleado público que sea directa o indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos públicos que: (b) los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación’.

De acuerdo con el informe, Rosselló permitió en ‘numerosas instancias’ que funcionarios de su equipo y contratistas ‘mal utilizaran su tiempo’ para labores contrarias a la ley mientras eran pagados con fondos públicos.

Negligencia en el cumplimiento del deber: (Art. 263)

Delito grave: ‘Todo funcionario o empleado público que obstinadamente descuide cumplir las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública… Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años’.

Los juristas sostienen que Rosselló ‘de forma repetitiva’ permitió que su equipo de trabajo utilizara tiempo para fines contrarios a la ley en horas laborables. ‘El sujeto de la negligencia crasa podría ser el Honorable Gobernador de Puerto Rico quien no puso alto a estas acciones, aun cuando era el supervisor de todos los participantes’, lee el informe.

Posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental

Art. 4.2 (b)

Delito grave: ‘Un servidor publico no debe utilizar los deberes y facultades de su cargo, ni la propiedad o los fondos públicos para obtener directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley’.

De acuerdo con loa juristas, el tracto del chat demuestra que Rosselló y su equipo de trabajo pudieron haber utilizado sus cargos para obtener beneficios contrarios a la ley.

Art. 4.2 (k)

Delito menos grave que implica depravación: ‘Un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político’.

Del chat se desprende que se planificaron ataques a opositores políticos, estrategias para dominar sondeos de opinión sobre la viabilidad de la reelección de Rosselló utilizando al ‘ejército azul’ en las redes sociales. De acuerdo con los juristas, se podría haber configurado este delito al Rosselló haber desempeñado trabajos y haber dirigido y fomentado actividades político-partidistas en horas laborables.

Mira el informe: