La mujer pidió ayuda a agencias antes del crimen.

A pesar de constantes señalamientos sobre los riesgos de una población puertorriqueña con más envejecientes que jóvenes, el caso reciente de una mujer de 54 años con cáncer que mató de forma violenta a su madre de 89 años demuestra la terrible realidad de una crisis silenciosa que empeora cada día con cada recorte a programas dirigidos a la tercera edad.

En el caso de Mireya Cardona, quien fue ingresada a la cárcel de mujeres el pasado 12 de abril al no prestar una fianza de $1.1 millones, resulta que ella llegó a solicitar asistencia a la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA) para solicitar bebidas nutricionales, indicó la procuradora de esa agencia, Carmen Sánchez Salgado.

Sin embargo, desde el Departamento de la Familia (DF), la portavoz de esa agencia, Frances Rodríguez, indicó a NotiCel que nunca recibieron referido alguno de Cardona o sus familiares. Señaló de paso que, en el caso de Cardona, no hubiese sido elegible para asistencia debido a que el alcance de la ayuda que provee el DF para envejecientes es a partir de los 60 años.

La secretaria el DF, Glorimar Andujar, no estuvo disponible para entrevista sobre el asunto.

La situación en la que vivía Cardona, sin embargo, no se aleja de la realidad que viven los envejecientes en Puerto Rico, un sector de la sociedad que representa el 25% de la población actual. Al mismo tiempo, los retos que enfrentan las familias para mejorar su situación económica en ocasiones los lleva fuera de la Isla, por lo que relegan el cuido de sus mayores, que a su vez terminan en manos de cuidadores que tambien son envejecientes.

‘Los sistemas informales de apoyo se están reduciendo. De la misma manera que ha aumentado la población de edad mayor ha disminuido los números de familias disponibles para atender esta población’, explicó Sánchez Salgado a NotiCel, quien argumentó que ante esta modalidad los servicios que ofrece el estado a esta población deben aumentar en lugar de reducir.

En el caso de la OPPEA, cuentan con un presupuesto de $25 millones del cual el 90% -unos $22.5 millones- provienen de fondos federales y un 10% -$2.6 millones- proviene de asignaciones del gobierno local. Aunque ese presupuesto supone un leve aumento en comparación con presupuestos previos, lo cierto es que, por la última decada, el presupuesto de la OPPEA se ha mantenido sobre los $20 millones, a pesar del aumento marcado en la población de edad avanzada.

Desde el DF, la agencia ha visto su presupuesto mermar cada año. El actual presupuesto recomendado para la agencia en el próximo presupuesto pretende revertir ese patrón, asignando $43 millones del fondo general. Durante este presupuesto, el DF se le asignó $18 millones del fondo general.

‘El DF se supone que sea la agencia de primera línea que tiene a su disposición auxiliares en el hogar, ama de llaves. Que sea quien este en primera línea para auxiliar estas personas, pero no tienen servicios suficientes. Nosotros tenemos servicios que son bastante limitados’, sostuvo la procuradora de los envejecientes.

Para Sánchez Salgado, ante la ausencia de un componente familiar que pueda asistir en el cuido de sus envejecientes y mientras sigue aumentando la población de edad avanzada, se torna urgente que el propio gobierno pueda proveer los recursos necesarios para apoyar a esta población.

‘Entonces ¿que pasa?, que se llega a las crisis, como la ocurrida la semana pasada y entonces todo el mundo habla de la situación y el apoyo que necesitan cuidadores, pero nos enfrentamos que no hay suficientes servicios y definitivamente sí es un círculo vicioso, pero lamentablemente esta sociedad no se preparó y no se está dando servicios a la altura de lo que se necesita’, manifestó la procuradora.