Se rumoran movidas en Casa Blanca.

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jose Carrión III, y la directora ejecutiva de la entidad financiera , Natalie Jaresko , declinaron hacer comentarios sobre los alegados esfuerzos del Congreso de los Estados Unidos de confirmar a los miembros actuales del grupo y así resolver la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

‘ Sabemos que salió un reportaje sobre los nombramientos , pero no vamos a hacer comentarios ‘, exclamó Carrión durante una audiencia pública celebrada en el Centro de Convenciones .

De acuerdo al Wall Street Journal, la Casa Blanca de los Estados Unidos le pedirá prontamente al Senado que confirme a los siete integrantes de la entidad a cargo de las finanzas del país .

Al preguntársele si estarían dispuestos a quedarse , Carrión reiteró que no tenían ningún comentario al respecto .

Si los integrantes deciden permanecer en el ente , deben someterse a un proceso de confirmación en el Congreso de los Estados Unidos , lo que involucraría investigación y posibles cuestionamientos a cada uno sobre sus quehaceres laborales y personales .

A mediados de febrero , la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de Boston catalogó como inconstitucionales los nombramientos a la JCF por entender que violentaban la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos . A esos fines, fijó el plazo de 90 días –que sigue vigente — para que el Presidente de los Estados Unidos y el Senado federal corrijan o certifiquen a los miembros . De lo contrario , el ente quedará inoperante .

A finales de ese mes, el profesor David Skeel aseguró estar disponible para continuar como miembro de la JCF.

Pese a la determinación sobre sus miembros , el tribunal afirmó que las decisiones tomadas por los integrantes permanecen vigentes , siempre y cuando no hayan sido discrecionales . Esto quiere decir que acciones como el Plan de Ajuste de Título III de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), por ejemplo, continuaría en vigor porque fue decretado por una sentencia judicial.

Este es el plan que, entre otros elementos, mantiene el Impuesto de Venta y Uso (IVU) por 40 años para que los recaudos sean destinados a cumplir con los pagos necesarios.