Seilhamer busca aprobar la medida en octubre

Tras la celebración de una maratónica vista pública de la Comisión Especial de Asuntos Energeticos para recoger el insumo de diversos sectores sobre lo que debería ser la política pública energetica del estado, todo apunta a que la medida se desarrollará bajo una agenda apretada y con una montaña de recomendaciones.

Tal como anticiparon el miercoles los senadores Larry Seilhamer y Eduardo Bhatia, unos 40 ponentes ofrecieron sus perspectivas en cuanto a lo que debería incluir la medida, puesto a que el proceso de vistas se da sin antes tener un proyecto de ley. Los trabajos de la Comisión Especial se extendieron hasta despues de las 5 de la tarde del jueves e incluyeron a organizaciones del exterior, tal como el Southern States Energy Board (SSEB), el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) y el Smart Electric Power Alliance (SEPA).

En el caso de la SSEB, el organismo propuso en su ponencia un plazo de tiempo para elaborar el marco regulatorio que se extendía hasta el próximo año. Lo cierto es que la Comisión Especial no goza del lujo de tiempo para desarrollar esta medida, pues la propia Ley de Transformación Energetica provee para que el marco regulatorio se desarrolle por el legislativo dentro un periodo de 180 días, que vence a finales de diciembre.

Hasta ahora, el senador Seilhamer -quien preside la Comisión Especial- apunta a tener la medida trabajada y aprobada mucho antes que finalice la sesión ordinaria durante el mes de noviembre.

‘Nosotros terminamos la sesión ordinaria a mediados de noviembre y me parece que nosotros vamos a estar listos mucho antes. Pero no nos podemos detener para esperar a recibir la asistencia o colaboración de ellos (SSEB) cuando desde mayo estamos trabajando semanalmente. Así que nosotros vamos a continuar el paso, vamos a estar listos para octubre’, manifestó Seilhamer a NotiCel.

Jim Powell, asesor senior de política del SSEB, indicó a este medio que no había objeciones por su parte para ajustarse a ese calendario apretado. No obstante, resaltó que la organización busca reunir expertos en Puerto Rico y a nivel nacional en Estados Unidos para desarrollar opciones para el regimen regulatorio.

IEEFA advierte priorización del gas natural sobre renovables

Aunque más temprano la ingeniera Ingrid Vila, representando la organización Cambio PR, advirtió que el aumento en el uso de gas natural tronchará el crecimiento de fuentes renovables, la IEEFA coincidió con esa perspectiva, arrojando dudas sobre el ahorro que esto podría representar en la factura electrica. Los comentarios de Cathy Kunkel, analista de IEEFA, contrastaron con las declaraciones que ofreció el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), Jose Ortiz, quien indicó que la propuesta gasificación de las unidades 5 y 6 de San Juan redundarán en menores costos energeticos.

‘Estamos profundamente escepticos de los reclamos de que convertir el sistema electrico a gas natural resultará en un ahorro de 40% en la factura de luz, dada la ausencia de análisis público disponible para sustentar este planteamiento y el hecho de que la AEE no proveyó justificación económica para su pasada propuesta de infraestructura, el Aguirre Offshore Gas Port’, declaró Kunkel durante su ponencia.

Entretanto el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, destacó que el proceso de confección del marco regulatorio se da de manera absoluta y sin antes explorar el modelo más viable para un nuevo sistema electrico. A esos efectos, sostuvo que ni la AEE ni el gobierno han abonado a una transformación del sistema electrica, dejando pasar oportunidades para mejorar la operación del sistema de forma holística.

En esa línea, mencionó los subsidios que otorga la AEE, que en la práctica son tarifas fijas otorgadas a ciertos clientes y a municipios en la forma del mecanismo de Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), el cual tiene un costo de $200 millones anuales. Figueroa Jaramillo mencionó que en el caso de los subsidios a residenciales públicos, cuyo costo ronda los $18 millones y los $20 millones al año, podría repensarse de manera que tengan un tope de consumo, concepto que no existe al presente.