Presentará nuevo proyecto a la Legislatura

El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que el Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recibió un veto de bolsillo.

‘Dicho plan lo vamos a someter nuevamente en la próxima sesión. Varios cambios introducidos impiden que logremos los ahorros necesarios con la consolidación y entendemos limitan las facultades ejecutivas para implementar efectivamente la reorganización’, sostuvo Rosselló Nevares.

El gobernador concluyó al indicar que ‘como siempre, trabajaremos con la Asamblea Legislativa para llegar a los consensos que nos permitan atender estas agencias consolidadas bajo el DTRH’.

De acuerdo con el plan original, en el Departamento del Trabajo se crearía una Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales, que atendería los casos de la Comisión Apelativa del Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.

Sin embargo, Rosselló anunció que convirtió en ley el proyecto de reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico con el fin de agilizar el proceso de establecer cursos y programas educativos en la Isla.

Con la medida firmada se crea la nueva Junta de Instituciones Postsecundarias adscrita al Departamento de Estado, compuesta por cinco miembros. De esta manera se elimina el Consejo de Educación, compuesto por siete miembros y cuya estructura administrativa funge como agencia independiente.

‘Con esta nueva reorganización lograremos tener un proceso más eficiente para fomentar las acreditaciones por entidades privadas de reconocida trayectoria. Esto nos permite una estructura de Gobierno acorde con nuestra realidad fiscal, que responda a las necesidades actuales a la vez que contribuye a una mejor calidad de vida’, expresó el primer mandatario.

Con esta medida, por medio de la oficina –que tendrá un director encargado de su administración– se externaliza el proceso de licenciamiento y se elimina la intervención del Estado en una tarea que no es propia del Gobierno y que cuesta millones de dólares al erario.

Por su parte, el secretario del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín, afirmó que ‘con esta medida, Puerto Rico adopta el modelo seguido por 47 estados que no requieren procesos de licenciamientos a instituciones privadas, pues se trabaja de forma externalizada con las acreditaciones de organizaciones no gubernamentales reconocidas’.

Asimismo, Rivera Marín añadió que ‘no obstante, se requerirá un proceso de registro ante el Departamento de Estado con cumplimiento de criterios básicos de instalaciones y programas educativos’.

La medida dispone que las instituciones postsecundarias–que incluye a universidades y programas tecnicos–tendrán que someterse a la Junta de Instituciones Postsecundarias creada para operar o continuar operando.

Por su parte, las instituciones de educación básica (K-12) no tendrán el requisito de licenciamientos, pero tendrán la obligación de registrarse ante el Departamento de Estado y certificar que cumplen con los requisitos necesarios, como tener instalaciones adecuadas, poseer los permisos correspondientes, tener personal docente y estar apto en las materias necesarias, entre otras.

Las Iglesias Escuela continuarán regidas por el registro de la Ley 33-2017 para no interferir con el derecho constitucional de libertad religiosa.

Además, se establecen controles y requisitos a los programas de Educación Acelerada para cumplir con el compromiso hecho en el Plan para Puerto Rico en cuanto a promulgar legislación para regular la educación acelerada a fin de evitar la proliferación de escuelas que carezcan de seriedad academica.

Este proyecto de consolidación proyecta ahorros en su primer año de más de $5 millones y alrededor de $40 millones en cinco años.

Estas reorganizaciones se hacen al amparo de la Ley 122 de 2017 conocida como Ley de Nuevo Gobierno. Dicho estatuto se aprobó para canalizar de forma eficiente las consolidaciones de agencias para tener un gobierno eficiente y con menos gastos sin despidos.