Según grupo que trabaja con la reforma policial.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO) responsabilizó al Gobernador y Comandante el jefe de la Policía de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, de las ‘agresiones, intimidaciones, violaciones crasas de derechos y arrestos indiscriminados de la Uniformada hacia la ciudadanía y de haber despojado a miles de personas de sus derechos más fundamentales’.

En un comunicado, la organización señaló siete ‘violaciones constatadas de derechos’.

Exceso de presencia policiaca. Más de 1,000 efectivos de la Policía rodeaban la manifestación en Hato Rey. El exceso de presencia policiaca se considera un uso de fuerza y se utiliza para desincentivar que las personas ejerzan su derecho fundamental a la protesta. Esta práctica policiaca es inconstitucional.

Bloqueó las rutas de los manifestantes, pretendiendo cambiarlas según su criterio. No le corresponde a la Policía decidir que rutas toman los manifestantes. Es la Policía la que tiene que adaptarse a las rutas de los que protestan y no al reves.

Abusó del uso de gases lacrimógenos y otros agentes químicos, al punto de haber agredido a niños y personas mayores, lo que está expresamente prohibido en la orden general 600-604 de uso de agentes químicos en la PPR.

Agredió con balas de goma a personas que no cometían delito alguno.

Invadió residencias privadas sin órdenes de arresto durante persecuciones frívolas y excesivas contra manifestantes contra quienes no tenían motivos fundados para intervenir.

Tambien lanzaron gases y agentes químicos en áreas residenciales, donde se afectaron ancianos y niños.

Arrestaron al menos a 12 personas y no revelaron el lugar donde los llevaron.

Al pedirle ‘un proceso severo y exhaustivo de rendición de cuentas’ al gobierno de Puerto Rico, al Juez federal Gustavo Gelpí, quien preside el caso de la reforma policiaca, el monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, y al Departamento de Justicia federal, recordaron que un informe del propio Monitor ha establecido que, durante el paro de 2017, la Policía cometió las siguientes violaciones relativas al acuerdo de reforma:

No había adiestrado a un solo agente en la Orden General 600-625 de la Policía de Puerto Rico para el Manejo de Multitudes, que está en efecto desde abril de 2016.

Abusó de los gases lacrimógenos y otros agentes químicos, violentando sus propias políticas de uso de agentes químicos al no ofrecer advertencias a los protestantes antes de agredirlos con los gases.

No ofreció una salida a los protestantes afectados ni les proveyó servicios medicos como exige la orden general.

Carpetearon ilegalmente a personas que no cometían delito alguno sino que, por el contrario, ejercían un derecho fundamental protegido por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Sometieron informes de uso de fuerza con grandes faltas y errores.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía se compone de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechan la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada