La jueza federal Laura Taylor Swain retomará la controversia entre los bonistas de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) y los de Obligaciones Generales (GO’s) sobre quien tiene derecho a recobrar su deuda con el dinero del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) entre el 4 al 8 de diciembre en la Corte federal del Distrito de Puerto Rico en Hato Rey.

La agenda para esta disputa abierta por el Banco de New York Mellon (BNYM) tras someter una solicitud de auxilio para que alguien le dijera qué hacer con los fondos del IVU, fue estipulada por la jueza el martes luego de que a principios de julio rechazara resolver la controversia ya que dependiendo lo que el gobierno y la Junta decidan sobre el manejo de la deuda, el tribunal entraría a resolver controversias sobre prioridades de pago.

De este modo, para el 8 de septiembre la Junta de Control Fiscal (JCF) -en representación del Gobierno- debe presentar una moción para este caso y preparar documentos de todos los deudores que apliquen en el mismo, como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y los Departamentos de Hacienda y Justicia.

Luego, COFINA debe responder a la moción no más tarde del 15 de septiembre. Asimismo, el Gobierno responderá a COFINA y completará la documentación requerida el 22 de septiembre; quienes deseen intervenir en la controversia deben someter sus mociones.

Mientras, quienes solicitaran intervenir deberán recibir una respuesta no más tarde del 29 de septiembre, para que puedan responder el 6 de octubre.

Para el 27 de octubre, iniciaría el descubrimiento de prueba y se someten los informes de expertos. Para el 3 de noviembre, se debe completar el descubrimiento de informes de expertos y someter resúmenes de argumentos iniciales.

Entre noviembre 17 al 27, se presentan las oposiciones a los argumentos iniciales, el Gobierno somete una pre orden para celebrar vista, COFINA responde sobre la misma y todas las partes someten sus informes preliminares a la vista a la vez que someten en conjunto una moción para celebrar la misma.

Además, la Juezaordenó que las partes incluyan una ventana de tiempo para que otros puedan objetar los preacuerdosdel caso.

Inicialmente, serían los bonistas de COFINA quienes cobrarían pero los de GO’s sostienen que el andamiaje de la corporación, hecho por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y la legislatura penepé, es ilegal porque representa un desvío de dinero del Fondo General, del cual tienen prioridad constitucional de pago.

A principios de julio, COFINA anunció su reestructuración.

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