La empresa de consultoría Ankura Consulting Group (Ankura) anunció recientemente la apertura de su undecima oficina de consultoría de negocios y consultoría de servicios, ubicada en San Juan, Puerto Rico. La apertura incluye los nombramientos de Jorge L. San Miguel y Juan Carlos Batlle como directores gerentes.

Carlos Battle fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y San Miguel fue director de plataforma del exgobernador Luis G. Fortuno. Ambos tienen contratos con el BGF, según confirmó su presidente, Christian Sobrino, a NotiCel.

El detalle de la contratación todavía no está disponible.

El ahora expresidente del BGF en el 2012 fue señalado en múltiples ocasiones por alegaciones de conflicto de interespor presuntamente favorecer a la empresa de su hermano Fernando Battle con contratos millonarios.

En mayo de 2011, desde la vicepresidencia del BGF, su hermano gestionó un préstamo a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de $242 millones por parte de Santander y, un mes después, se fue a trabajar a Santander en el mismo puesto que dejó su hermano Juan Carlos, quien pasó a presidir el BGF.

Luego, en julio de 2011, Battle autorizó una transacción de $2.3 millones desde la presidencia del BGF y, en noviembre del mismo año, aprobó otra de $4.6 millones para manejar las inversiones de la CFSE.

Por su parte, San Miguel fue más recientemente socio capital del bufete Ferraiuoli LLC, en San Juan, Puerto Rico, donde presidió los Grupos de Prácticas de Energía y Medio Ambiente de la firma y copresidió su Grupo de Práctica de Gobierno y Asuntos Legislatura. También es copresidente del Grupo de Práctica de Gobierno y Asuntos Legislativos. Pero su carrera pública se remonta a la gobernación de Luis Fortuño, cuando presidió el Comité de Plataforma de dicho mandatario.

Antes de unirse a Ferraiuoli, San Miguel fue socio de otro importante bufete en San Juan, especializado en derecho ambiental y litigios, energía, asuntos de uso del suelo y asuntos gubernamentales y regulatorios. Representó a las empresas en todo tipo de procesos que involucran asuntos ambientales, incluyendo acciones administrativas ante la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, entre otros. También asesoró a clientes en asuntos de cumplimiento normativo, incluyendo procesos de Declaración de Impacto Ambiental, bajo estatutos y regulaciones ambientales federales y locales aplicables.