También, que se instale más infraestructura de importación de gas en otros puntos de la isla.

Para la dirección de la Asociación de Industriales (AIPR) “es un riesgo” el entramado actual mediante el que una sola empresa suple el gas que se usa para generación eléctrica, que lo haga a través de un muelle que ellos también controlan y que lo despachen a quienes operan las plantas de generación, que son ellos mismos.

Así lo planteó Rafael Vélez Domínguez, presidente de la AIPR hasta junio de 2027, en el marco de la apertura del Mes de la Manufactura y después de que el Negociado de Energía (NE) determinara que este último trimestre del año la tarifa residencial por kilovatio hora será de 34 centavos (18.5% mayor a la del trimestre pasado), la más alta en la historia. Para sectores comerciales, la tarifa llega a 36 centavos (hasta 19.7% más que la del trimestre pasado).

“Para cualquiera que su cadena de suministro dependa de un suplidor, es un riesgo, tiene que abrirse a más alternativas”, añadió.

La empresa New Fortress Energy (NFE) tiene un monopolio en la isla, consistente en que es la que suple el gas, es dueña del único punto de entrada de ese combustible por la costa norte y, a través de Genera PR, es también el operador privado de las plantas termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ya la Junta de Control Fiscal le ha pedido al gobierno que desarrolle alternativas sobre el control del muelle por parte de la empresa.

Durante las últimas dos semanas de septiembre, su despacho de gas estuvo detenido por una controversia judicial en la que los pilotos que navegan las embarcaciones en la bahía de San Juan plantearon que la empresa no había establecido medidas de seguridad suficientes para la entrada del tanquero AMUR River, que es más grande que las otras dos naves que NFE estaba usando para ese despacho. Tras una orden de la jueza federal Silvia Carreño Coll, el barco está programado para entrar y comenzar a despachar gas el domingo en la mañana. Mientras tanto, hay unidades que, a falta de gas, estuvieron operando con diésel, el combustible más caro en este momento. Ese costo adicional se factorizará en la factura del primer trimestre de 2027.

Para el líder de los manufactureros, si se va a usar el gas como un combustible de transición hacia una cartera de generación más diversificada, el gobierno debe planificar levantar mas infraestructura de importación de ese combustible en otros puntos de la isla, incluyendo muelles y gasoductos. Pero también argumentó que el problema inminente que presenta la forma actual de importar gas es que no hay tanques en tierra para almacenarlo y por eso los mismos barcos tienen que servir de almacenamiento, causando que ocupen espacio en muelle por más tiempo.

“Debe haber un tanque de gas natural en tierra, no flotante”, subrayó el integrante de Atabey Capital y de Caribbean Transmission Development Co., la empresa que encabeza un proyecto para instalar un cable eléctrico entre República Dominicana y Puerto Rico en la costa oeste.

Vélez Domínguez también aceptó que una alternativa para el gobierno puede ser expropiarle el muelle a NFE, pero no para que el gobierno mismo lo opere, sino para que lo pase a otro privado o para ejecutar una alianza público privada.

Para la principal oficial ejecutiva de la AIPR, Karen Mojica Franceschci, la subida del costo energético este trimestre puede provocar reducción de turnos de empleo y paralización de expansiones y de contratación entre las empresas miembras de la organización.

Aunque muchas ya tienen contemplados en sus proyecciones los altibajos que pueden ocurrir en este costo, la tendencia hacia el alza amenaza la competitividad de la isla como lugar de negocios. “En la medida en que tú vas empujando el borde de esa ecuación, ya la matriz de afuera dice, ‘Oye, ¿hasta cuándo Puerto Rico va a ser competitivo?”, aseguró al recordar que la manufactura es responsable del 44% del producto interno bruto de la isla.

Apuntó también a que, aparte del costo, la pobre confiabilidad del servicio es un problema porque los apagones dañan maquinaría y causan otros obstáculos en el proceso de producción.

En cuanto a las aproximadamente 1,700 pequeñas y medianas empresas en la isla (100 empleados o menos), el director ejecutivo del Puerto Rico Manufacturing Extension, Ramón Vega Alejandro, confirmó que la recomendación que les dan es que se independicen de la red eléctrica si pueden. La organización asiste a esas empresas, pero Vega Alejandro reconoció que no hay ayudas gubernamentales disponibles para paliar los aumentos en la tarifa eléctrica. Las exhortó también a examinar sus procesos de producción para hacer cambios y lograr eficiencias operacionales.

Vea: Sin acuerdo entre las partes, jueza impone orden sobre tránsito de barco de gas AMUR River