‘Es el primer cantazo para un presidente que se está sobrelimitando en sus poderes y es un mensaje de que el pueblo no se va a cruzar de brazos’, fue la manera en que William Ramírez, director del capítulo en Puerto Rico de la American Civil Liberties Union (ACLU), describió la ofensiva legal que encabeza esa organización contra la acción más reciente del presidente Donald Trump para prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos.

Por tal motivo la ACLU en Puerto Rico instituirá prontamente un comité de acción para velar si a nivel local se prohíbe la entrada a esta comunidad. ‘Lo estamos haciendo para verificar si eso se está dando en Puerto Rico, o una vez se levante esa orden, suponiendo se levante, verificar si en Puerto Rico están deteniendo personas y devolviéndolos’, afirmóRamírez.

Durante el fin de semana se han suscitado protestas en Estados Unidos en repudio a esta nueva acción del presidente Trump, algunas de ellas concentradas en los aeropuertos donde han detenido pasajeros procedentes de Siria, Irak, Irán, Sudan, Somalia, Libia y Yemen. Esto a pesar que entre los detenidos hay personas con visas de inmigrante válidas y refugiados de Siria.

Según Ramírez, al presente no han recibido casos ni denuncias de personas varadas en aeropuertos en la Isla a causa de esta orden, pero no descartan que eso cambie en un futuro. Esto pues al presente la orden de Trump fue paralizada por la juez federal del distrito de Nueva York, Anne Donnelly, a raíz de un pleito incoado por la ACLU (Darweesh v. Trump) para evaluar la constitucionalidad de la acción ejecutiva.

La ACLU continuará recopilando información sobre casos similares que ocurran en todos los estados, incluyendo Puerto Rico, para complementar la valoración del caso. ‘La orden de Trump es muy abarcadora y muy discriminatoria. La demanda nuestra lo que alega es que esa orden incurre en violación al debido proceso de ley garantizado por la Constitución’, explicó Ramírez a la vez que mencionó que también exploran la posibilidad de que la ordeninfrinja al derecho de libertad de culto.

Desde el legislativo también se ha sumado la senadora Zoe Laboy, quien anunció el lunes que solicitará a las autoridades federales rendir cuentas en torno al procedimiento que se ejecutará en Puerto Rico para cumplir con el mandato presidencial.

En lo que consta la Isla, el director local de la ACLUreconoció la existencia de una comunidad musulmana vibrante con familiares dentro las naciones incluidas en el alcance de la orden. ‘Estas personas están en situaciones difíciles porque van a querer viajar a esos países y Puerto Rico cae en la jurisdicción de esos países… Podemos estar seguro que aquí lo van a implementar de igual forma’, advirtió Ramírez y agregó que en el pasado la ACLU ha representado musulmanes en Puerto Rico que han sido injustamente puestos en la lista de prohibición de vuelos (no-fly list).

Además de recopilar las incidencias que ocurran en la Isla, el comité de acción daría seguimiento a la ejecución de programa 287(g) que permite a las autoridades locales entran en acuerdos con entidades de seguridad federales para hacer cumplir la política de inmigración, en aras de recomendar a la policía estatal y municipal a no entrar en esta iniciativa.