Luego de dos años de trabajo, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, informó el martes, que envió al Departamento de Estado el nuevo reglamento de la agencia que facilita el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y medios de comunicación.

‘Este derecho –hoy reconocido por la comunidad internacional como un derecho humano– se sostiene en el principio democrático de que los gobernados conozcan, fiscalicen y pasen juicio sobre las gestiones del Estado. En otras palabras, es el derecho que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor transparencia gubernamental’, sostuvo Miranda en declaraciones escritas.

El ‘Reglamento de transparencia y acceso a la información pública del Departamento de Justicia’ tiene como propósito establecer una política inequívoca de apertura para logar el disfrute efectivo del derecho ciudadano al acceso de información pública. Esta normativa, que según el proceso administrativo entrará en vigor el 26 de enero, establece expresamente que toda la información custodiada por la agencia se presume pública. En esa línea, se faculta al Secretario de Justicia para nombrar a la figura única del Oficial de Información, quien contará con un término limitado para la rápida evaluación de solicitudes de información. Dicho término discurre desde entregar la información en 24 horas o hasta 7 días, dependiendo de la complejidad de la solicitud.

Además, se establece la obligación de que el Departamento publique proactivamente información pública relevante a la ciudadanía. Asimismo, se dispone que la entrega de información vía electrónica será libre de costo.

‘El objetivo de Justicia es y siempre debe ser establecer una política proactiva de rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto para desalentar los actos antiéticos y de corrupción, promover la participación ciudadana e instituir normas y principios claros para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información’, puntualizó.

Mediante este reglamento, el Departamento de Justicia se autoimpone un término de 60 días a partir de su vigencia para la publicación proactiva en su página web de informes de progreso, auditorías de la agencia y lista de contratos, entre otros documentos de interés público. Además, se establece un término de 90 días a partir de la vigencia del Reglamento para que el Departamento de Justicia para la creación de una política pública uniforme actualización, organización y digitalización de documentos. La información pública en poder de Justicia incluye pero no se limita a: archivos físicos y electrónicos, expedientes inactivos, informes y estadísticas.

‘Nuestro nuevo reglamento debe servir de modelo para la tramitación de información pública en las demás agencias. Es la base del principio de transparencia que nos debe guiar en el servicio al País’, concluyó Miranda.