La clase media de la isla, definida como los que tienen ingresos entre $30,000 y $100,000, deja más de su salario en impuestos, paga más IVU, tiene que pagar más por su propiedad que cualquier otra clase, recibe menos créditos e incentivos contributivos y es la que más se reducirá con la contracción demográfica que sufre la isla, advirtió el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).

El gremio presentó el martes una “Radiografía estructural del sistema contributivo de Puerto Rico y sus principales distorsiones económicas” encargada a la entidad Abexus Analytics y el economista Edwin Ríos. El estudio incluye datos, diagnósticos y recomendaciones. Entre ellas, cambiar el impuesto al consumo por un IVA en vez de un IVU, lo que se intentó sin éxito durante la Administración García Padilla.

También, advirtió en contra de los parchos en el código contributivo y abogó por una reforma verdera que cambie la premisa para que en vez de pensar en cuánto y cómo se puede recaudar, se guíe por identificar un sistema que permita recaudar lo que necesite el fisco, pero reduciendo al mínimo las “distorsiones” que existen ahora y que efactan la inversión, productividad y equidad.

Para ilustrarlo, identificaron 152 modificaciones contributivas entre 1994 y 2025, con 98 de ellas tan solo desde 2011. Además, 21 de ellas son solo en el IVU. Esto ha dejado un sistema fragmentado que es complejo de administrar, entender y cumplir y que ha beneficiado la planificación contributiva (de los que pueden hacerla por tener abogados y contables), pero no necesariamente incentivado la producción económica.

Uno de los aspectos que explora el estudio es cómo las tasas contributivas que están en el código según los ingresos del contribuyente no solamente se reducen en la realidad de las planillas por la aplicación de distintos créditos y por la diferencia en que se tratan distintos tipos de ingresos, sino que también provocan una concentración de la responsabilidad contributiva en un grupo particular de contribuyentes. Estos abarcan, generalmente, los asalariados de entre $30,000 y $100,000 que, además, están entre los 30 y 64 años.

Según exponen, los que ingresan hasta $30,000 se benefician del Crédito por Trabajo y normalmente reciben en beneficio más de lo que paga en contribuciones. Al otro extremo, los que ganan más de $200,000, pueden tener un renglón amplio de ingresos sin que la tasa les cambie mucho. Es decir, el que gana $250,000 y el que gana $500,000 tributan casi igual. Este grupo también se beneficia porque la mayor cantidad de su ingreso no es salario, sino otro tipo, como inversiones y alquileres, que tributan a tasas más bajas. Si los ingresos de este grupo tributaran de forma más parecida al salario, se podrían generar $225 millons nuevos que darían para bajarle 8% a la tasa de los individuos.

Pero en el medio, entre $30,000 y $100,000 y entre 30 y 64 años, no hay Crédito por Trabajo, el ingreso es mayormente salario, y hay más contribución al fisco mediante el IVU, porque es el grupo que más consume también. En cuanto a ingreso, no tienen tasas estables que casi no cambian si el ingreso crece. Al contrario, la tasa se les puede cuadruplicar, de 2.9% a 12.6%, según vayan aumentando sus ingresos dentro de ese renglón. Cada $10,000 de ingreso aumenta la tasa uno o dos puntos.

Otra forma en que el código actual exprime a este grupo es que las deducciones a las que podrían recurrir, como la de dependientes, están fijas en ley y no se ajustan por inflación. Esa de dependientes, por ejemplo sería de $3,762 si se ajustara por inflación, pero permanece estática en $2,500. Estima Abexus que los contribuyentes pagan $150 millones de más por esa falta de ajuste.

Aún otra vía en que este grupo acaba afectado es en la forma en que funciona el IVU. Casi la mitad de ese impuesto viene de lo que se recauda en compras de negocio, no del 11.5% que se le cobra al consumidor final. Esa multiplicación de cobro cada vez que ocurre una transacción entre negocios antes de que llegue al consumidor se manifiesta “escondido en los precios”. Esto lleva a una recomendación de cambiar a un IVA. El IVU se va acumulando en cada etapa, aumentando el costo que el consumidor final paga, mientras que el IVA se basa en un sistema de créditos, en el que el comerciante paga por lo que compra y cobra por lo que vende, haciendo que el impuesto solamente aplique a la ganancia en la transacción y no al costo total del servicio o producto.

“Es el grupo que más se va a reducir con la emigración y el envejecimiento. Si se achica, el sistema pierde recaudos por las dos vías a la vez: contribución sobre ingresos y consumo”, dice el estudio sobre este grupo, al reforzar que esta presión contributiva aplica más a los asalariados porque los que trabajan por cuenta propia tienen otros mecanismos para reducir su aportación.

Una situación similar se encuentra en las planillas corporativas, en las que pasar de $100,000 a $100,001 de ingreso bruto puede aumentar la responsabilidad de aproximadamente $6,000 a $10,000. “Es decir, un dólar adicional de ingreso podría estar asociado a aproximadamente $4,000 adicionales de contribución”, explican, al apuntar a que estos “saltos abruptos” lo que hacen es incentivar que se reconozca menos ingreso.

Recomiendan una tasa única para todos los negocios, menor que la de Estados Unidos y competitiva con Irlanda (12.5 o 15%) y Singapur (17%). También, que los incentivos contributivos sean temporales y para empresas nuevas, no como ahora que se convierten en permanentes sin saber si de verdad se están promoviendo una actividad económica que de otra forma no sucedería.

Los impuestos a la propiedad también está distorsionados, no sólo porque se basan en valores de 1957, sino porque tienen tantas exenciones y exoneraciones, que el peso recae sobre pocos. Ese impuesto genera 29% de los ingresos estatales y municipales, pero en la isla es solo 8%. El estudio recomienda que a los municipios se les permita manejar autonómamente los impuestos de propiedad, en vez de un solo régimen para todos.

“A nivel municipal, la patente se cobra sobre las ventas, gane el negocio o no y el impuesto al inventario sobre la mercancía almacenada, se venda o no. Ambos pesan proporcionalmente más sobre los negocios pequeños y de poco margen, y el impuesto al inventario lleva a guardar menos mercancía de la prudente, lo que deja a la isla más vulnerable”, indicó el Presidente del CCPA, Rolando López.

“Las planillas de más de $100,000, apenas el 4.2% del total, aportan más del 62% de lo que pagan los individuos. El 40% de las planillas no paga contribución. Setenta corporaciones pagan el 41.5% de la contribución corporativa… Los servicios públicos dependen de un grupo muy pequeño. Si a ese grupo le va mal, o si parte de él se va de Puerto Rico, el Gobierno pierde mucho dinero de golpe”, concluye.