Expertos en planificación y temas ambientales expresaron preocupación por la orden ejecutiva que establece como política pública crear un trámite expedito de 30 días en los procesos de otorgación de permisos para proyectos de construcción.

Para el planificador José Rivera Santana y para el líder ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, la orden ejecutiva responde a los intereses del sector privado de la construcción e irá en detrimento de la rigurosidad con la que las agencias deben evaluar el impacto ambiental y viabilidad de grandes proyectos en Puerto Rico.

‘El proceso de permiso expedito propuesto en esa orden ejecutiva es muy riesgoso porque parte de la premisa no es correcta. El sistema de permisos es una protección del interés público. Se monta sobre las políticas públicas que van a proteger la seguridad en la construcción, recursos naturales, etc.’, explicó a NotiCelRivera Santana.

A esto continuó diciendo que ‘cualquier cambio no debe poner en riesgo el rigor de que eso se cumpla. El permiso expedito trae la posibilidad de que se pierda el rigor. Porque detrás de eso está la presión para que no se tenga el tiempo que requiere una evaluación a profundidad’.

Por su parte, Rivera Herrera reconoció que existe un problema en el proceso de otorgación de permisos; pero el problema no se resuelve cortando el tiempo para la otorgación del permiso, sino ofreciendo herramientas para que la evaluación se haga correctamente y se adjudiquen los proyectos que son viables y se detengan los que no lo son.

‘Es preocupante porque es harto conocido que las agencias gubernamentales no han trabajado con rigurosidad el proceso. Ahora, están promoviendo agilizar la otorgación de permisos o endosos sin que el gobierno haya aprobado que tiene la capacidad y la disposición de fiscalizar el cumplimiento de los mismos… Yo no creo que se pueda atender con premura esa evaluación’, sostuvo Rivera Herrera, ganador del premio ambiental Goldman 2016.

De acuerdo a Rivera Herrera lo justo sería que el gobierno se comprometa a evaluar los proyectos lo más rápido posible, pero con la rigurosidad adecuada.

Este enumeró proyectos en los que el gobierno, con el propósito de proyectar que están promoviendo la economía, han recibido el apoyo sin una evaluación correcta de sus efectos en el ambiente. Por mencionar algunos: la planta AES, San Miguel Resort, el Gasoducto del Norte y otros en los que el gobierno ha cometido errores garrafales partiendo de esa premisa de la experiencia.

‘El problema no es el tiempo, sino que los proyectos no se evalúan correctamente. Es una falta de fiscalización adecuada para favorecer el desarrollo’, indicó.

La Orden Ejecutiva, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2016, crea un trámite expedito que permite a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) otorgar un permiso de construcción en 30 días sin necesidad de consultas a agencias externas.

Este trámite se conocerá como Recomendación vía Certificación que sustituye el proceso de recomendaciones de agencias evaluadoras.

‘La misma consistirá de una comunicación escrita no vinculante de una Entidad Gubernamental Concernida o la Oficina de Gerencia de Permisos, según aplique, solicitada mediante declaración escrita sometida por un agrimensor, arquitecto, arquitecto paisajista o ingeniero licenciado, en la que se certifica que la acción propuesta, es una que en el curso normal de su ejecución, cumplirá con los parámetros, reglamentos y leyes orgánicas de las entidades gubernamentales concernidas, respecto a toda nueva construcción de estructuras de hasta 20,000 pies cuadrados en área bruta o remodelaciones de estructuras de hasta 100,000 pies cuadrados, y no tendrá un impacto significativo sobre infraestructura disponible’, dice la orden ejecutiva.

La Recomendación vía Certificación sustituye las recomendaciones de las agencias concernidas. La orden además acoge las recomendaciones del Comité de Reforma de Permisos; promueve revisar y enmendar reglamentos para limitar procesos burocráticos; encomienda enmiendas a las reglamentaciones y legislación existente para uniformar los procesos adjudicativos; y establece una política de datos abiertos que busca organizar en una sola base de datos toda la información georreferenciada para que sea remitida a la Oficina de Agrimensura de Puerto Rico.

Tanto Rivera Santana como Rivera Herrera cuestionaron el momento histórico en el que se aprueba la orden ejecutiva que queda supeditada al Oficial de Revitalización, figura creada por la Ley PROMESA y que tiene como encomienda agilizar procesos para proyectos de infraestructura medulares.

Según Rivera Santana, la orden ejecutiva está alineada con la visión contenida en la legislación aprobada por el Congreso, aunque como otras órdenes ejecutivas, podrá ser enmendada o derogada por la Junta de Control Fiscal federal (JCF).