El representante Jose Báez Rivera exhortó el jueves a reasignar al Fondo General todos los fondos legislativos que no hayan sido usados por las agencias o municipios receptores, para que el Estado los redirija al pago de servicios básicos.

‘Ayer colapsó la propuesta junta de control fiscal ante el Congreso, actuemos, pues, como tal’, propuso el Representante al anunciar la re-asignación de fondos legislativos.

Explicó que durante los últimos dos cuatrienios la Legislatura ha aprobado todo tipo de medidas para encaminar la precaria situación fiscal del País. Despido de empleados públicos, reestructuración del plan de retiro de los empleados públicos, aumento del impuesto sobre el consumo, medidas impositivas, incluso la congelación de derechos laborales, entre otras. Sin embargo, no han cesado las asignaciones de fondos públicos para la construcción de obras no esenciales.

‘La realidad financiera que vive el Gobierno lo ha colocado en una disyuntiva sin precedentes. Decidir si paga la deuda o protege la vida, la salud, el bienestar de la ciudadanía y los servicios públicos esenciales. Todas, obligaciones constitucionales, conforme a la Sección 8, Artículo 6 y el Artículo 2, Sección 7, respectivamente’, acotó el representante.

Mencionó que ante los retos fiscales y constitucionales, el Gobernador congeló las cuentas del Banco Gubernamental de Fomento (Banco) para asegurar el pago de todos los servicios básicos y proteger la vida, la seguridad, la salud y el bienestar público. Estando depositados algunos fondos municipales en el Banco, se ha fraguado una conspiración de estos contra el Ejecutivo. Alcaldes han amenazado con dejar de cumplir la obligación estatutaria de aportar al plan de salud del gobierno poniendo en riesgo los servicios básicos a la clase pobre del País. Legisladores apoyan la pretensión de los alcaldes de liberar los fondos provenientes del IVU municipal, ya que le toca una participación a la Legislatura. Así mismo los bonistas exigen lo adeudado con la misma tenacidad. Todos parecen colocar en segundo plano el bienestar del Pueblo.

‘Como medida de control fiscal, ayer presentamos la Resolución Conjunta de la Cámara número 869, devolviendo al Fondo General asignaciones Legislativas que no se hayan usado. Incluyendo $23 millones provenientes del IVU municipal, dineros con los que se podrían resolver retos como el de educación especial. Esta es solo la punta del témpano. Se trata de una gran oportunidad para evaluar si existe la voluntad para reestructurar nuestro gobierno sin necesidad de una junta de control fiscal’, exhortó Báez.

‘Los que hoy tienen la oportunidad de redirigir los fondos a favor del Pueblo, son los mismos que mañana tienen que seguir implementando medidas de control fiscal para proteger los servicios básicos. De no aprobarse inmediatamente la Resolución Conjunta de la Cámara número 869 y muchas similares, pondremos en grave riesgo los servicios básicos de la ciudadanía y el Pueblo conocerá quienes tiene la voluntad para implementar el control fiscal necesario y quiénes no’, enfatizó Báez.