Además, un proyecto que prohíbe el discrimen en el acceso a la vivienda cuando se utilizan fondos federales y una propuesta para extender el periodo libre del pago del IVU aplicable a materiales escolares.

La gobernadora Jenniffer González ha vetado múltiples medidas en días recientes, incluyendo un proyecto que establecería una ley para garantizar los cuidados paliativos y de hospicio y otro que prohibiría el discrimen en el acceso a la vivienda con medie el uso de fondos federales.

En un comunicado de La Fortaleza en que notifica nuevas leyes y otros vetos, la mandataria no ofrecer explicaciones para rechazar estas medidas.

El Proyecto de la Cámara 253, de la delegación independentista, estableció una lista clara de derechos de pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, terminales o irreversibles. También requería a todo asegurador o plan médico incluir, como parte de su cobertura, servicios integrables de cuidados paliativos, hospicio, “sin exclusión alguna”, lee la medida.

Igualmente le imponía ciertas responsabilidades al Departamento de Salud y establecía penalidades de entre $5,000 y $10,000 por incumplimiento.

González también rechazó el Proyecto del Senado 679.

La medida del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos y firmado por otros siete correligionarios, indica en su Exposición de Motivos que este fenómeno discriminatorio ocurre y que, si bien a través del Programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación (R3) se han asignado $2,175 millones para la adquisición de viviendas, el 66% de las familias beneficiarias no han logrado adquirir, entre otras razones, “al rechazo explícito de vendedores a aceptar vales federales como método de pago”.

De hecho, se plantea que el 78% de las quejas recibidas en la Procuradoría de la Vivienda en el 2023 involucraron el rechazo a fondos federales de recuperación.

La disponibilidad de este dinero federal expira en el 2029. Mientras, la Ley Federal de Vivienda (Fair Housing Act) excluye la fuente de ingresos como motivo protegido de discrimen.

La propuesta ley tipificaba como práctica discriminatoria que el dueño, agente, corredor de bienes raíces, administrador u otra persona o grupo con derecho a anunciar, vender, prometer o aprobar la venta de una unidad de vivienda rechace a un comprador por ser participante de un programa federal de recuperación. Cualquier reclamación será presentada ante el Departamento de la Vivienda y el proyecto establece los pasos y términos para que se atienda la queja. Igualmente incluye multas de entre $1,000 y $5,000 por cada violación.

La primera ejecutiva también rechazó un proyecto que buscaba ampliar el periodo de exención del pago del IVU aplicable a uniformes y materiales escolares. La pieza legislativa tenía impacto fiscal.