El alcalde Edward O’Neill Rosa enfatizó que resulta indispensable establecer con claridad la cronología de los hechos en los informes de la Contralora para evitar que se atribuyan a su administración prácticas que fueron heredadas de la administración de Pérez Otero.

El Municipio Autónomo de Guaynabo sostuvo hoy que los señalamientos contenidos en el reciente informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre contratación de obras, procesos de subasta y pagos indebidos se originaron bajo la administración del exalcalde Ángel Pérez Otero, y que varias de esas situaciones fueron identificadas desde el proceso de transición por la administración entrante del alcalde Edward A. O’Neill Rosa.

El informe de la Contralora no hace es distinción y la expresión pública del Municipio de Guaynabo surge luego de la publicación de la auditoría.

El informe reseñado públicamente examina operaciones municipales entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024 y señala, entre otros asuntos, obras contratadas mediante enmiendas sin los procesos requeridos, pagos indebidos y deficiencias relacionadas con fianzas y procedimientos de contratación. No obstante, la propia contestación sometida por el Municipio a la Oficina del Contralor establece que algunas de las contrataciones examinadas se remontan incluso a 2019 y que, al asumir el cargo en enero de 2022, la nueva administración identificó la práctica relacionada con proyectos contratados por costos unitarios mediante órdenes de trabajo. 

El alcalde O’Neill Rosa enfatizó que resulta indispensable establecer con claridad la cronología de los hechos para evitar que se atribuyan a su administración prácticas que fueron heredadas de la administración de Pérez Otero y que, precisamente, comenzaron a ser atendidas y corregidas tras su llegada a la Alcaldía.

“Estos hallazgos no son producto de prácticas establecidas por nuestra administración. Por el contrario, fueron situaciones que comenzamos a identificar desde el proceso de transición y que hemos atendido con responsabilidad, transparencia y firmeza. Desde que asumimos la administración municipal hemos sido rigurosos en el manejo de los fondos públicos, en los procesos de subasta, contratación y compras, y en toda gestión que comprometa recursos del pueblo de Guaynabo. Aquí no hemos mirado hacia otro lado: donde se ha identificado una irregularidad, hemos actuado y continuaremos actuando”, expresó O’Neill Rosa en declaraciones escritas.

Durante el proceso de transición entre ambas administraciones ya se había señalado oposición a algunas de estas prácticas por entenderlas contrarias a la ley. La contestación municipal al Contralor establece específicamente que la administración de O’Neill procedió a descontinuar inmediatamente la práctica de contratación por costos unitarios mediante órdenes de trabajo que había sido adoptada durante la administración anterior. Asimismo, respecto a otro de los proyectos examinados, el Municipio consignó que la situación había sido señalada durante el proceso de transición y que la administración entrante manifestó su total oposición a ese procedimiento. 

El proceso de transición entrante fue presidido por el CPA Manuel Díaz Saldaña y permitió identificar situaciones administrativas y fiscales que posteriormente fueron objeto de evaluación y seguimiento, dice el comunicado de Guaynabo. A ello se sumó el trabajo de la Oficina de Auditoría Interna del Municipio, cuyos análisis fueron compartidos y discutidos con los auditores de la Oficina del Contralor durante el proceso de fiscalización.

Como resultado de esas revisiones, el Municipio no se limitó a identificar las situaciones, sino que tomó acciones concretas. En dos de los casos relacionados con pagos cuestionados, ya existen reclamaciones judiciales dirigidas al recobro de la totalidad de las cantidades pagadas a los contratistas. La documentación municipal establece que dichas acciones surgieron precisamente de evaluaciones realizadas por Auditoría Interna, que concluyó que las contrataciones eran contrarias a derecho. 

De igual manera, ante errores identificados en el cómputo de determinadas partidas de construcción, Auditoría Interna detectó la situación y el importe correspondiente fue deducido de cantidades retenidas; en otras órdenes de trabajo, las partidas han sido consideradas durante el proceso de liquidación con el propósito de recobrar lo pagado indebidamente. 

La administración municipal también fortaleció sus procedimientos de adquisición. Entre las medidas adoptadas figura un nuevo Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios No Profesionales, que incorpora controles en el Portal de Subastas en Línea para impedir que los licitadores retiren o modifiquen ofertas después de la fecha y hora límite de radicación. 

Asimismo, en el caso señalado sobre servicios profesionales de inspección y supervisión de obras relacionados con una firma cuya situación de licencia fue cuestionada, el propio Municipio informó al Contralor que el asunto había sido detectado por Auditoría Interna y que se radicó una demanda para procurar el recobro de la totalidad de lo pagado a la firma. 

“Nuestra responsabilidad no termina identificando lo que estuvo mal. Nuestra responsabilidad es corregirlo, establecer controles para que no vuelva a ocurrir y, cuando corresponda, acudir a los tribunales o hacer los referidos pertinentes para proteger y recuperar los fondos públicos. Eso es precisamente lo que hemos hecho”, sostuvo el alcalde.

O’Neill Rosa añadió que su administración continuará colaborando plenamente con la Oficina del Contralor y con cualquier otra entidad fiscalizadora. De hecho, la contestación oficial remitida al organismo fiscalizador el 2 de junio de 2025 incluyó los comentarios del Municipio y las acciones correctivas tomadas hasta ese momento, además de reiterar su disponibilidad para proporcionar cualquier información adicional requerida. 

El Municipio indicó que, además de las medidas administrativas y judiciales ya encaminadas, se han realizado los referidos correspondientes relacionados con los hallazgos, mientras continúa fortaleciendo sus mecanismos internos de fiscalización y cumplimiento.