Lo que debería ser un espacio para el análisis responsable y la discusión informada se ha transformado en un ritual diario de demolición.

La franja radial de las 10 de la mañana se ha convertido en un fenómeno preocupante dentro del ecosistema mediático del país.

Lo que debería ser un espacio para el análisis responsable y la discusión informada se ha transformado en un ritual diario de demolición. A esa hora, la audiencia no recibe orientación ni contexto: recibe terror. Un terror fabricado, amplificado y repetido con la intención clara de sembrar desconfianza en todo lo que huela a gestión pública.  

En ese programa, ninguna acción gubernamental merece reconocimiento, ningún funcionario merece respeto y ningún proyecto merece siquiera ser evaluado con seriedad. Todo se descarta de inmediato, no por evidencia, sino porque la narrativa exige que así sea.

La fórmula es simple: si proviene del gobierno, está mal; si lo hace un servidor público, es inútil; si se propone una solución, es sospechosa. La realidad no importa. Lo que importa es sostener el espectáculo.  

Esta dinámica no es fiscalización. No es periodismo. Es una estrategia de desgaste que ignora deliberadamente las complejidades de la administración pública y los procesos técnicos que sostienen servicios esenciales.

Convertir la gestión gubernamental en un objeto de burla para ganar rating no solo es irresponsable: es profundamente dañino para el orden social.  

Si el programa insiste en que nada del gobierno sirve, la coherencia ética exigiría que rechacen pautas, anuncios y cualquier ingreso proveniente del mismo gobierno que desprecian. No se puede vivir de lo que se condena. No se puede cobrar de lo que se ridiculiza. No se puede exigir credibilidad mientras se practica la doble vara.  

La libertad de prensa es un pilar democrático, pero no es licencia para manipular. Sembrar inseguridad, exagerar fallas y fabricar crisis no es ejercer periodismo: es renunciar a la honestidad intelectual. Y cuando la indignación se convierte en mercancía, el daño no se limita al gobierno: se extiende a la ciudadanía, que merece información, no terror.  

A quienes han hecho promesas a Dios en momentos de necesidad, que sea Él quien les conceda el perdón que la integridad les reclama. Porque la integridad, a diferencia del rating, no se negocia.