Un grupo de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) radicaron una medida dirigida a enmendar la Constitución de Puerto Rico para que el Juez Presidente del Tribunal Supremo sea escogido por los demás jueces del alto foro.
Los representantes María Milagros Charbonier, Carlos ‘Johnny’ Méndez y Ricardo Llerandi radicaron hoy, jueves, una Resolución Concurrente la cual viabilizaría la celebración de un referéndum para enmendar las Secciones 8 y 9 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado, el cual establece los requisitos para ser juez del Supremo.
‘Queremos que el Pueblo, el soberano, se exprese sobre cómo se escoge el Juez Presidente del Tribunal Supremo. El referéndum constitucional que estamos proponiendo establece que ninguna persona será nombrada como Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico por el Gobernador. La designación del Juez Presidente será hecha por votación de los jueces del Tribunal Supremo. Nuestra intención con esta medida es aclarar el lenguaje de la Constitución para que refleje la intención de sus suscribientes’, dijo Charbonier.
Por su parte Méndez Núñez, portavoz alterno del PNP en la Cámara, señaló que ‘Los tiempos requieren que comencemos a replantearnos nuestras instituciones. Esa es la pregunta que se le hará al Pueblo con este referéndum: si quieren o no, aclarar el texto constitucional para que, como en la decisión de los casos judiciales, la posición del Juez Presidente se determine por el voto de la mayoría de los jueces’.
‘El Tribunal Supremo funge como un cuerpo colegiado, de administración de la justicia en Puerto Rico y toma sus decisiones judiciales por mayoría. Es en esa misma mayoría que debe recaer la facultad de poder escoger al Juez o Jueza Presidenta del Tribunal. De esta forma, se emula el modelo constitucional diseñado para la Rama Legislativa, y se elimina la ineficiente, y altamente politizada, costumbre de escoger al Juez Presidente por parte del Gobernador’, señaló Llerandi, quien representa los municipios de Arecibo y Hatillo.
La enmienda propuesta en la Resolución será sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados en un referéndum especial, cuya fecha será determinada por la Comisión Estatal de Elecciones, pero la cual no podrá ser posterior al 31 de agosto de 2016. La CEE, además, desarrollará y llevará a cabo una campaña de orientación sobre el asunto.
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