El Primer Circuito de Apelaciones de Boston devolvió al Tribunal Federal una demanda por violación de derechos civiles radicada por el presidente de la Empresa Puertorriqueña de Recreación Comercial (Emprecom), Pablo Javier Rivera Corraliza, y cuatro operadores de máquinas de entretenimiento para adultos contra el exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig y varios funcionarios.

El Tribunal de Distrito Federal había emitido una sentencia sumaria a favor del Exsecretario, la cual fue revertida por el Primer Circuito. Los jueces del Apelativo, no obstante, refirieron el caso nuevamente al Tribunal Federal para procedimientos posteriores tras alegar que los demandantes dejaron incompletas algunas de sus argumentaciones sobre violación de derechos civiles, situación que impidió al Circuito tomar decisiones.

La demanda fue radicada en el 2010 luego de que el Departamento de Hacienda confiscara e incautara máquinas de entretenimiento de los demandantes. En aquel momento, Hacienda reclamaba que algunas máquinas operaban sin permisos y estaban ilegalmente dando premios en efectivo fuera de los casinos.

Antes de las confiscaciones, la demanda alega que Rivera Corraliza y Puig alcanzaron un acuerdo para que las máquinas pudieran operar pero el Exsecretario se echó para atrás.

Según la demanda, Puig también se había acercado a EMPRECOM y le había sugerido cambiar las máquinas por las de Caribbean Cage para que estuvieran conectadas a la agencia. Esa idea fue rechaza por EMPRECOMy los demandantes alegan que Hacienda comenzó a hacer redadas y confiscar máquinas de entretenimiento para adultos en violación a los derechos de sus dueños.

Los demandantes sostuvieron que los demandados hicieron registros ilegales y que violaron sus derechos a un debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes. El Tribunal de Distrito Federal encontró que las actuaciones del gobierno fueron legales y que los demandados estaban cobijados por la inmunidad cualificada por sus actuaciones como funcionarios públicos.

La Constitución establece que todo registro tiene que hacerse con una orden pero la ley provee algunas excepciones para industrias que el gobierno tiene un alto interés en regular. Sin embargo, la ley tiene que ser un sustituto del registro y establecer limitaciones de tiempo, lugar y ámbito en las inspecciones.

Según los demandantes, la industria de las máquinas de entretenimiento para adultos no es una altamente regulada por lo que Hacienda tenía que tener órdenes de registro para incautar las máquinas. Destacaron que la industria no es una altamente regulada porque la ley tampoco establece limitaciones de tiempo, lugar y ámbito para hacer dichas inspecciones.

Los jueces del Circuito se quejaron de que el Tribunal de Distrito no abordó explícitamente si el régimen regulatorio aplicable es un sustituto aceptable de la orden de registro. La ausencia de ese análisis deja un vacío para determinar si los funcionarios públicos tenían inmunidad cualificada para sus actuaciones.

Aunque los demandantes alegaron que los negocios altamente regulados son aquellos que tienen que ver con equipo que puede arriesgar la vida humana, como los negocios de armas, los jueces del Circuito argumentaron que los demandantes no presentaron evidencia para sustentar su postura. Además dijeron que hay amplia jurisprudencia que sustenta que el gobierno tiene un interés apremiante en regular los negocios de las apuestas para proteger la salud y bienestar de sus ciudadanos.

Los jueces del Circuito también dijeron que los demandantes no desarrollaron apropiadamente sus argumentos para derrotar su postura de que los funcionarios no estaban cobijados por la inmunidad cualificada por sus actuaciones. Tampoco sustentaron las limitaciones de tiempo y ámbito.

‘Debido a estas serios huecos en el récord y en las argumentaciones de las partes, hace sentido enviar el caso para el Distrito para que se trabajen estos aspectos dentro del contexto de la inmunidad cualificada’, sostuvo el Circuito.

Los jueces, de otra parte, desestimaron alegaciones de los demandantes de que su derecho a la igual protección de las leyes se violentó porque Hacienda no multó a los dueños de los negocios donde operaban las máquinas sino que solamente los multó a ellos.

Además de Puig, los otros funcionarios de la agencia demandados en su carácter personal fueron Aileen de León, Víctor Pérez, Zulma I. Rivera, David Caraballo Maldonado, María Medina y Abimael Rodríguez.