Se trata de Sandro González Domínguez es codueño de la cadena de restaurantes Callejeros. Fue interceptado por agentes de ICE el sábado frente a uno de sus negocios.

El juez federal Raúl Arias Marxuach ordenó este miércoles a las agencias federales de inmigración traer a Sandro González Domínguez de vuelta a Puerto Rico, luego de que fuera sacado de la jurisdicción local mientras el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico tenía ante su consideración un recurso de habeas corpus presentado por el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en representación del inmigrante mexicano. 

González Domínguez es codueño de la cadena de restaurantes Callejeros.

«Sandro fue montado en un avión a toda prisa por agentes de inmigración, a pesar de que ya tenían conocimiento del caso que se encontraba ante la corte federal. Lo ocurrido es otro ejemplo del estilo autoritario y antidemocrático del presidente Trump y el séquito de agentes inescrupulosos que ignoran lo que establece la propia constitución que juraron defender», afirmó el licenciado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

González Domínguez lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico y tiene dos hijas ciudadanas estadounidenses, de 26 y 19 años. El inmigrante mexicano, detenido el sábado por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), es codueño de una empresa de restaurantes con ocho establecimientos en el archipiélago, que emplean aproximadamente a 115 personas. Fue detenido por agentes enmascarados el 26 de septiembre afuera de uno de los restaurantes del que es copropietario.

«Esta persona no solo tiene vínculos comunitarios y familiares con Puerto Rico, sino que también es un ejemplo de cómo la comunidad migrante es parte de la economía que mueve y sostiene a nuestro país, incluso en medio de la violencia institucional que enfrentan nuestros inmigrantes», sostuvo Arraiza, al tiempo que exigió el cese de la detención ilegal de personas inmigrantes en el archipiélago.

La ACLU de Puerto Rico presentó el recurso legal de habeas corpus durante la noche del 28 de septiembre. El recurso perseguía precisamente impedir el traslado de González Domínguez fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Las agencias de inmigración fueron informadas sobre el caso y tenían conocimiento del proceso. Pese a ello, alrededor de las 4:42 p.m. el nombre de González Domínguez dejó de aparecer en el Sistema de ICE para la localización de detenidos, que previamente lo ubicaba en San Juan. El juez Arias Marxuach emitió su opinión y orden en respuesta al habeas corpus a las 5:45 p.m. Posteriormente, el juez fue informado mediante la moción urgente sobre la acción del ICE y el traslado de González Domínguez.  

«El país debe saber que las autoridades federales de inmigración siguen violentando los derechos de las personas inmigrantes que residen en nuestro archipiélago, ignorando incluso los procedimientos establecidos por las mismas leyes y reglamentos federales, así como la Constitución de Estados Unidos, lo que convierte en ilegal la detención de Sandro y de miles de inmigrantes», manifestó la licenciada María «Charito» García, abogada de inmigración de González Domínguez y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

La ACLU de Puerto Rico, junto con la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a doce personas inmigrantes —incluido Sandro— cuyos derechos básicos han sido violentados. Sus casos representan apenas una muestra de las experiencias que atraviesan miles de personas inmigrantes que son parte de nuestras comunidades en Puerto Rico.