La presidenta de la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza, Luisa ‘Piti’ Gándara Mendez, expresó el miercoles, que ha podido comprobar mediante un análisis que realiza en vistas públicas, que la ‘alienación parental’ o influencia indebida en menores de edad, es un problema real que está afectando a miles de familias puertorriqueñas y merece la pronta atención de la Asamblea Legislativa por el impacto negativo que está generando.

Así lo afirmó en la continuación de las audiencias sobre el Proyecto de la Cámara 1309, para tipificar como maltrato la ‘alienación parental’, situación que es provocada cuando un padre o madre custodio influye negativamente en sus hijos o hijas en casos de divorcio u otras disputas, por el daño emocional que puede provocar.

La Representante señaló además, que la vía penal no es la mejor alternativa para atender el problema de alienación parental. ‘Por lo tanto, las sugerencias y recomendaciones son de vital importancia para identificar la manera más efectiva de atender el asunto desde la Asamblea Legislativa. Por tratarse de un concepto complejo que trae consigo muchas interrogantes, recabamos la colaboración de entidades profesionales quienes trabajan día a día con estas situaciones y aquellas donde se plantea algún tipo de abuso’, comentó en un parte de prensa.

A esos efectos, la doctora Eneida Alvarado, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, recomendó a la Comisión que realice un estudio documentado dirigido al manejo de los casos de enajenación parental que permita elaborar política pública que responda a las realidades del problema en Puerto Rico.

Incluso, sostuvo que en Puerto Rico no existe la preparación profesional adecuada y necesaria para la demanda de los casos custodia. Además, indicó que al presente no se cuenta con programas enfocados en la reunificación. ‘El enfoque de la Asociación de Juzgados de Familia es que los profesionales que intervienen en estas disputas, deben promover la resolución del conflicto porque a fin de cuenta, en eso descansa el mejor bienestar del menor. Es un error que el proyecto se ofusque en la ocurrencia del maltrato sin ofrecerles a los ciudadanos mecanismos para aliviar estas tensiones. No vemos nada en la medida dirigido a la intervención terapéutica para trabajar el asunto sin necesidad de continuar fraccionando la familia’, sostuvo la doctora Alvarado.

Asimismo, Marcelino Oyola Cintrón (MTS, ACSW), presidente de la Junta de Directores de la National Association of Social Workers, destacó que con su experiencia de más de 20 años en el campo de Trabajo Social puede observar que el problema existe, especialmente cuando se contempla una tasa de divorcios de un 15 por ciento al año que afecta a unos 5,000 menores.

Explicó Oyola Cintrón que, ‘la forma en que actualmente se maneja es que los tribunales formulan mociones tras mociones, debido a que no existen unos protocolos establecidos ni hay uniformidad al respecto’. Explicó que los trabajadores sociales no pueden hacer estudios al respecto debido a que están demasiado cargados con casos. ‘De lo que se trata es del derecho de los menores a tener y disfrutar de ambos progenitores en un plano de paz y respeto’, expresó.

Por lo que recomendó que se deben establecer protocolos, ordenando al Tribunal Supremo, o en quien deleguen, el llevar a cabo un estudio de la frecuencia, magnitud de casos de alegada alienación o enajenación parental y soluciones que ofrece el Tribunal ante estos casos en las trece regiones judiciales en un periodo específico de tiempo. También, que se establezcan talleres de capacitación a todo profesional que de alguna manera intervenga en casos de familias que se ventilen en el tribunal, y establecer una Sala de Familia Experimental regida por un Panel Juzgador multiprofesional.

Tanto Álvarez, Oyola Cintrón, así como Hilario García, de Puerto Rico Pro Familia, objetaron el lenguaje de la medida, por no ser específica, estar mal conceptuado y con la ausencia de justificación científica.

La representante Gándara Menéndez, indicó que el Proyecto tiene que mejorar, de manera que se establezca la alienación parental como un problema, se establezca una política pública al respecto y se eduque a las partes que intervengan en esta condición. Al finalizar los trabajos, felicitó a estos profesionales por las alternativas y recomendaciones que sometieron a la Comisión que podría mejorar el lenguaje y el objetivo del proyecto de ley en discusión, como sería el mantener el ambiente adecuado para el menor con la custodia de ambos padres hasta donde sea posible.