A pesar de los señalamientos en su contra, miembros del Comite Organizador de las Fiestas de la Calle San Sebastián Inc. rechazaron este martes ofrecer detalles de su entidad, los ingresos que generan, y aclarar la función de sus miembros.

NotiCel solicitó desde el lunes una entrevista con el presidente de la organización, Eddie Rosado, pero el portavoz del grupo, Juan Ramos, explicó que solo se limitarían al comunicado que enviaron ese mismo día.

De hecho, la Legislatura Municipal de San Juan celebró este martes una vista pública para discutir la ordenanza que regiría el tradicional evento. En la audiencia participó Rafael Acosta, quien se identificó como miembro del comité.

Cuando este medio intentó abordarlo, Acosta rehusó contestar los cuestionamientos. Tampoco aclaró si el próximo jueves miembros de esa entidad estarían presentes en la continuación de la vista que se celebrará en el salón de sesiones de la legislatura en la casa alcaldía.

Así las cosas, aún queda por aclarar las razones por las que el comité solicita la totalidad de los beneficios económicos de las fiestas, a dónde van esos ingresos, para qué se utilizan y quiénes son los que conforman el grupo.

En la audiencia de este martes, los legisladores municipales discutieron algunos puntos de la ordenanza del evento que se celebrará del 15 al 18 de enero de 2015.

Entre los temas, se evaluó la logística del evento, la seguridad, la transportación, la venta de bebidas alcohólicas, y el establecimiento de quioscos.

La directora de la División Legal del ayuntamiento, Zaida Girón, reiteró que el Municipio de San Juan (MSJ) ofreció una oferta al Comité Organizador, pero la misma fue rechazada.

‘El municipio de San Juan tiene una política de sana administración y de uso adecuado de los fondos. Los ingresos deben ir al municipio’, recordó la abogada en la audiencia, al agregar que el ayuntamiento invierte casi un millón de dólares en el festejo, pero solo recupera cerca de $100 mil.

En tanto, Rosado lanzó una advertencia a la Ejecutiva municipal y adelantó que si el ayuntamiento insiste en el cese de negociaciones, el grupo que representa podría acudir a los tribunales.