Las nuevas regulaciones federales sobre reducciones de las emisiones de mercurio y otros metales, con las que tendría que cumplir la Autoridad de Energía Electrica (AEE) a partir del 2015, hacen más ‘oneroso’ que la corporación pública pueda reducir en un 30% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las centrales electricas para el 2030 como ahora tambien le ha requerido el gobierno federal.

Así concluyó el doctor Gabriel Infante, de la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad Metropolitana del Sistema Universitario Ana G. Méndez, al comentar las nuevas regulaciones de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Infante manifestó a NotiCel que ‘con las regulaciones establecidas por la EPA a las plantas de energía de carbón y petróleo sobre las emisiones de mercurio, arsénico, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y particulados, para el 2015 y 2016, resultara ser más oneroso para la AEE cumplir con esta nueva regulación sobre las emisiones de dióxido de carbono’.

No obstante, hizo hincapié que la AEE tiene cierto tiempo para poder cumplir con la nueva regulación que hizo pública la EPA durante esta misma semana, en aras de que Estados Unidos le haga frente a los cambios climáticos que produce el efecto invernadero.

Este trajo a la atención que en el pasado la AEE ha enfrentado problemas para poder cumplir con las regulaciones de la EPA.

Y añadió que para que la AEE pueda cumplir con la regulación de bajar el CO2 en sus plantas de generación, tendría como consecuencia que aumentar sus costos de operación, lo que posiblemente puede llevar a un alza en las tarifas a los abonados.

‘Debemos señalar que en la conferencia de prensa con motivo del anuncio de esta nueva regulación de las emisiones de CO2, la directora de la EPA, Gina MaCarthy, mencionó que la forma más eficiente y adecuada de bajar los niveles de CO2 es cerrando y/o cambiando las plantas de carbón y petróleo, aumentando entonces el uso de gas natural. También señaló que deben usarse fuentes renovables como los molinos de viento y las celdas fotovoltaicas. Precisamente estos proyectos de energía renovables fueron detenidos por la actual administración de la AEE. Según ha planteado el Senado de Puerto Rico y otras entidades, los proyectos de fuentes renovables deben ser reactivados a la mayor brevedad para beneficio de los usuarios de electricidad en nuestra isla’, apuntó.

De otro lado, Infante opinó que la reducción en un 24.5% de las emisiones de dióxido de carbono en Puerto Rico desde el 2005 hasta el 2011, puede deberse a las consolidaciones y cierres de plantas farmacéuticas, en muchos casos por la pérdida de patentes.

También expuso que otra razón es la ‘disminución de la actividad económica en Puerto Rico, que tiene como consecuencia que las plantas de la AEE disminuyan su producción de energía y por lo tanto de CO2’.

Precisamente, el representante de los consumidores residenciales en la Junta de Gobierno de la AEE, Agustín Irizarry, ya habría argumentado que la merma en el consumo de electricidad en la Isla fortalecía las posibilidad de que la corporación logre la reducción de CO2 como ha requerido el gobierno federal.