La Directora Administrativa de los Tribunales, Sonia Velez, advirtió el martes a la Legislatura que los servicios que ofrece la rama judicial a la ciudadanía se verán afectados por el recorte recomendado de $53.9 millones para el presupuesto del próximo año fiscal, lo que implicaría el potencial cierre de 25 tribunales municipales, la reducción de horarios y la renegociación del pago a los caseros privados.

Vélez pidió que se respete la autonomía presupuestaria de la rama judicial que se calcula a partir de la fórmula de 4% aplicable al promedio de los ingresos del fondo general de los dos años fiscales anteriores. La administración ya tenía unos proyectos encaminados con el presupuesto de $376.9 millones, que les correspondía este próximo año fiscal. Sin embargo, la medida de sustentabilidad fiscal que radicó el Ejecutivo implica una congelación de la fórmula y establece como base el presupuesto vigente, lo que implica una reducción de $28.1 millones del presupuesto que se había proyectado. Además, se aplica otro ajuste de un 7.4% para una reducción adicional de $25.8 millones.

La administradora argumentó que la medida implica un trato desigual entre las distintas ramas de gobierno, puesto que en vez de reducirles el 7.4% que se aplicó a la legislatura y a otras entidades, con la congelación de la fórmula la reducción presupuestaria ascienda a un 14.2%. A tales efecto, la directora propuso que se respete la fórmula y sólo se aplique el 7.4% que implicaría una reducción únicamente de $25.8 millones.

‘Cómo a un mes de entrar en vigor un próximo año fiscal me van a decir que tengo $53 millones menos?’, cuestionó Vélez. ‘No podremos abrir salas de violencia doméstica, salas de asesinato o salas de salud mental. Todos nuestros proyectos emblemáticos se tienen que detener porque tendríamos presupuesto solamente para operar. No para proyectos nuevos’, agregó, en referencia a los programas de atención a los problemas sociales.

Vélez indicó que la OAT tendría que hacer ajustes considerables para poder llegar a atender todos los servicios. ‘No nos salvaríamos de estar mirando los tribunales periferales, los tribunales municipales, ir hacia los caseros privados y requerir un ajuste’, expresó. También se ha considerado unos recesos parciales de cinco días en verano y Navidad, lo cual supondría un ahorro de alrededor de $500,000.

‘Sólo nos permitiría cubrir la nómina, parte de la renta y algunos gastos de servicio directo, dejando fuera el pago de utilidades y materiales’, explicó, al agregar que el presupuesto recomendado por la OGP les impediría cumplir con el compromiso del pago del nuevo Centro Judicial de Caguas. El pago de la nómina representa un 65% del presupuesto del próximo año fiscal, y los servicios comprados un 20%, que incluye el arrendamiento de edificios a caseros privados por la cantidad de $59 millones.