La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, no sólo celebró el miercoles la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de paralizar la implantación de ley 160, sino que reaccionó a críticas de comentaristas y políticos, quienes han advertido a traves de los medios de comunicación de una posible degradación de los bonos del país, si no se aplican los cambios al Sistema de Retiro de Maestros.

Durante una conferencia de prensa, en la sede de la asociación, Díaz se mostró confiada que los jueces declaren inconstitucional la ley firmada en la noche del 24 de diciembre, que introduce cambios a la edad de retiro, establece un nuevo Programa de Aportaciones Definidas y elimina las leyes especiales que brindan una cobertura médica, así como un bono de verano al magisterio. Sus expresiones las hizo tres horas antes del inicio de la reunión del comité de diálogo entre el gobierno y el frente amplio en defensa del retiro.

‘Existe fuerte probabilidad de prevalecer y el magisterio agradece la solidaridad de los jueces con el dolor de los maestros que han pedido un retiro digno’, comentó la presidenta, quien aseguró que hay otras alternativas menos perjudiciales para el bolsillo del maestro que el gobierno no está considerando.

El Tribunal Supremo emitió el martes en la noche una declaración donde establecen que es meritorio atender el caso y le dan un plazo de tres semanas a las partes para que presenten sus informes. Cinco de los siete jueces que certificaron el pleito, se expresaron a favor de detener la ley.

La decisión del máximo foro ofrece indicios de lo que podría suceder en la demanda que está pendiente para impedir que el gobierno reforme el sistema de retiro de los jueces, aunque el licenciado Rafael Nadal, asesor legal de la AMPR, estableció que cada caso tiene un contexto diferente. ‘Son controversias sobre el mismo asunto, pero con planteamientos legales diferentes. La controversia (de los jueces) tiene que ver mucho con la independencia judicial y ese reclamo es único’, comentó Nadal, a la vez que esperó que el caso también se resuelva a favor de los jueces.

Díaz aprovechó también para reaccionar a las expresiones de descontento que han hecho algunos empleados públicos a quienes el Tribunal Supremo desairó al declarar constitucional la Ley 3 de 2013, que se firmó en abril. ‘Tienen particularidades distintas al magisterio. Ojalá pudieran revertir la decisión del tribunal y lograr algún acuerdo, pero la realidad es que hay circunstancias distintas’, se limitó a contestar.

La docente aclaró que la gran diferencia es que el magisterio ha estado en la calle y han paralizado el sistema. ‘No sé cómo ellos llevaron el caso, no puedo argumentar en cuanto a eso, pero la realidad es que aquí hay unas circunstancias en que los maestros hemos estado bien combativos y hemos estado presentando propuestas que no han sido bien consideradas’.

Sobre la posible degradación de los bonos a chatarra, según han advertido algunas personalidades de la radio y la política del país, la presidenta argumentó que la responsabilidad del estado de cumplir con la relación contractual que tiene con los maestros y de garantizar los derechos de la ciudadanía van primero.

‘Todo el mundo sabe la situación de amenaza que hay para Puerto Rico, pero cuando los pueblos dejan que sean los bonistas y las casas de corretaje quienes les dirijan, perdieron toda su autonomía y no se puede hablar de democracia de los pueblos’, puntualizó Díaz para luego agregar que el gobernador se debe al pueblo que le eligió.

‘El señor gobernador lo único que le interesa es que no le degraden los bonos chatarras. Y su pueblo que le eligió debe ser lo más importante. El pueblo que lo eligió que tuvo fe en él porque creyó que estaba saliendo de un gobierno nefasto para uno de democracia, ese es el que está hoy en la calle’, afirmó desilusionada.

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