A pesar de haber recibido unos $24 millones para estrategias e iniciativas de seguridad entre el 2009 y 2011, el gobierno de Puerto Rico tenía su ‘Fusion Center’ o centro de manejo de información entre agencias federales, locales y entidades municipales para eventos de emergencia, virtualmente inoperante.

Ese fue uno de los señalamientos encontrados en una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Homeland Security emitida a principios de mes sobre el manejo de fondos entre el 2009 y 2011. El objetivo de la auditoría fue determinar si el gobierno, a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) distribuyó y manejó adecuadamente $18 millones en fondos de ‘homeland security’ y $6 millones en fondos para la seguridad de áreas urbanas para poder lidiar con emergencias. Tanto la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) como el gobierno central estuvieron de acuerdo con la mayoría de los señalamientos.

El informe identificó varias áreas en donde hubo deficiencias que incluyen la distribución de subvenciones, planificación estratégica, monitorias de las subvenciones, reportes financieros y preparación de los ‘single audits’.

En cuanto al llamado ‘Fusion Center’, la auditoría encontró que el mismo carecía de empleados permanentes para asegurar sus operaciones. Estos centros sirven para detectar, prevenir y responder a amenazas a la seguridad de los puertorriqueños.

Según la auditoría, el Gobierno no tenía una organización estructurada con líderes de diferentes agencias de seguridad y el centro estaba inoperante. ‘Al momento de la auditoria, el Fusion Center estaba dotado con equipo de telecomunicaciones con capacidad para conectarse a departamentos de policías municipales pero solo tenía un empleado, que era el director, asignado a trabajar en el lugar. Los demás empleados trabajaban de forma colateral’, según el documento.

Debido a esto, ‘cuestionamos el uso de $501,430 en subvenciones (grants)’. No obstante, en el informe FEMA alega que no había un mandato para mantener el centro operando.

Además, la auditoría identificó unos $2 millones en gastos que no fueron justificados; gastos en compra de equipo no autorizado y gastos en compra de equipo otorgado de forma inapropiada.

Entre estos se destacan $3,000 para una silla ergonómica, $5,180 en material de construcción para donar a Haití, y $1 millón para equipar las oficinas centrales de la Policía con un sistema computarizado de comunicación que no fue instalado completa y funcionalmente.

En cuanto a los ‘single audits’, que son auditorías únicas de organizaciones que reciben $500,000 o más en fondos federales, el informe dice que la Oficina de Seguridad Pública (OSP) falló en iniciar las mismas entre el 2009 y 2011, algo que vino a hacer en el 2012. La OSP, una unidad dentro de AEMEAD, era la encargada de lidiar con los fondos federales otorgados para seguridad.

El informe de auditoría, de otra parte, destacó que las estrategias usadas entre el 2009 – 2011 en el área de seguridad no tenían fechas límites para completarlas y los pasos a seguir para llegar a las metas no siempre eran claros o medibles.

‘La (OSP) no desarrolló controles internos para asegurar una estrategia comprensible, que incluyera control de calidad, para identificar deficiencias’, dice el documento.

‘Sin esas metas específicas y medibles, el ELA estaba incapacitado de conectar proyectos con sus metas y estrategias para medir su progreso y preparación’, añadió.

El documento, así mismo, también dijo que la OSP tardó en entregar fondos a entidades que se le otorgaron subvenciones a los 45 días de haber sido autorizadas por FEMA tal y como requiere la ley. De hecho, tardó en algunas instancias unos 180 días en hacer los fondos disponibles. La auditoría también destacó problemas con la precisión de los informes financieros sometidos por la Oficina. A modo de ejemplo, el informe alega discrepancias en informes de subvenciones de unos $59,000 y $55,000 otorgados a Vega Baja e Isabela, respectivamente.

Auditoría de Homeland Security sobre uso de fondos en Puerto Rico 2009-2011_4712