Una bandera dominicana lucía frente al Tribunal de San Juan ayer por la mañana. Fue colocada allí por la directora del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, como señal de protesta por el discrimen del que dijo han sido víctimas sus compatriotas al enfrentar la justicia puertorriqueña.

Dos casos ocupaban su mente. El de la joven Francheska Duarte Jiménez, víctima del atropello con un vehículo por parte de su exnovio, Jorge L. Ramos Rodríguez, que la dejó sin piernas; y el de la mucama Aída Ortiz, también dominicana, acusada en ausencia por el asesinato de Georgina Ortiz, esposa del juez retirado del Tribunal Supremo, Carlos Irizarry Yunqué.

Grullón ha sido una de las voces que con mayor vehemencia atacaron el dictamen de la juezNerisvel Durán, de hallar culpable a Ramos Rodríguez por un delito menos grave en el caso por la agresión a Duarte. La magistrada ha defendido su decisión en que el Ministerio Público no pudo probar más allá de duda razonable que el imputado actuó con intención de hacer daño el 19 diciembre de 2011, cuando arrolló a la joven frente al negocio El Triunfo en Santurce. Sin embargo, para la defensora de las inmigrantes dominicanas, el fallo hubiera sido diferente si se hubiera tratado de una puertorriqueña.

La juez dictó sentencia ayer en este caso e impuso la pena máxima, tres años, tras considerar dos de los agravantes presentados por la fiscal, Gretchen Pérez Catinchi, que el hombre cumplía una sentencia suspendida al momento de cometer los hechos y que tenía un historial delictivo.

El cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, Máximo Taveras, sí dijo que estaba haciendo unas investigaciones con la intención de reabrir el caso, cuestión que es muy difícil en el sistema judicial estatal.

La directora del Centro de la Mujer Dominicana también se expresó preocupada por la acusación en ausencia de Aída de los Santos, quien trabajaba como mucama en la residencia de Georgina Ortiz y el exjuez Carlos Irizarry Yunqué, cuando la primera fue asesinada. De los Santos, quien también utilizaba el nombre de Carmen Pichardo, residió ilegalmente en Puerto Rico por más de una década. Tras el crimen, fue considerada testigo, por lo que fue ubicada en un albergue del Departamento de Justicia, donde intentó ahorcarse. Luego fue deportada a República Dominicana.

‘El deber del Departamento de Justicia era protegerla, pero fue deportada y se ha continuado el proceso en su ausencia’, manifestó Grullón. ‘Ahora va a ser acusada y ella no ha podido preparar una defensa adecuada de lo que se le imputa. El sistema le sigue fallando a la mujer dominicana’.