La legalidad de los cuatro millones que pagó el juez federal Salvador Casellas para que su hijo, Pablo Casellas Toro, quedara libre bajo fianza luego de ser acusado por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, quedó finalmente corroborada ayer, luego que el Departamento de Hacienda certificara al fiador como contribuyente bona fide.

La certificación de Hacienda sería entregada antes del miércoles al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, fecha en que se cumplen los cinco días otorgados por el juez Rafael Villafañe para cumplir con el requisito de la evidencia.

El Departamento de Hacienda también integró al fiscal Sergio Rubio Paredes al equipo de las fiscales Phoebe Isales y Janet Parra, para probar los cargos presentados por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de prueba y ofrecer un falso testimonio de un delito a las autoridades.

La vista preliminar del caso está pautada para el próximo martes, 18 de septiembre.

De otra parte, las autoridades que investigan el caso, así como el Instituto de Ciencias Forenses, se han mostrado renuentes a brindar información sobre el arma de fuego que supuestamente la Policía encontró el pasado viernes en un lugar no divulgado, cerca de Bayamón. Presumiblemente podría tratarse de la misma pistola con la que se asesinó a la ejecutiva de seguros y que era propiedad de Casellas Toro

Carmen Paredes fue asesinada el 14 de julio de 2012 en su residencia, ubicada en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.