Familiares de confinados demandarán a…

El Comité de Amigos y Familiares de Confinados dijo hoy que, en colaboración con el Colegio de Abogados de Puerto Rico, presentará un recurso de interdicto contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para obligar a esta institución a que le garantice el derecho al voto a los confinados puertorriqueños en el referéndum del 19 de agosto, que decidirá el futuro de las enmiendas constitucionales que persiguen limitar el derecho a la fianza y reformar el poder legislativo estatal.

En conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados en Santurce, el grupo denunció que la CEE y su presidente, Héctor Conty Pérez, no han hecho las gestiones para asegurarles el derecho al voto tanto a los confinados y confinadas en cárceles de la isla, así como a quienes fueron trasladados a centros penitenciarios del estado de Oklahoma como parte de un programa e inversión del Departamento de Corrección local.

Dijeron, además, que a pesar de los intentos de comunicación con la CEE y su presidente, aún no han recibido respuesta a sus reclamos. De no prosperar sus gestiones de comunicación con la CEE, prometieron presentar el recurso de interdicto en el Tribunal de San Juan entre el lunes y martes de la próxima semana.

«Los familiares (de los confinados) se comunicaron y dicen que no se les permitió votar. Queremos que toda la población penal tenga el derecho al sufragio electoral. Aquí se ve la motivación de que el gobierno quiere manipular ese referéndum», dijo a NotiCel el miembro del Comité, Ricardo Mercado, en referencia a la supuesta intención del gobierno de privar a los confinados del voto para así influenciar el resultado a favor del «Sí» en la propuesta de limitar el derecho a la fianza.

Mercado también alegó que en el caso de los confinados boricuas trasladados a Oklahoma, el Estado local tiene el deber de asegurarle su derecho al voto aún en ausencia, debido a que su estadía en los Estados Unidos es el resultado de un programa de iniciativa local costeado con fondos del erario público de Puerto Rico.

«Por 480 confinados le pagan a otras jurisdicciones en Estados Unidos, pero no los van a dejar votar en el referéndum. No lo veo como voto ausente porque a ellos los trasladaron de Puerto Rico a Oklahoma a coger adiestramiento», añadió Mercado.

Asimismo, el Comité se expresó a favor del «No» o en contra de la limitación al derecho a la fianza que será presentada ante la consideración de los electores el 19 de este mes. Los miembros del grupo comentaron que es completamente falso el argumento que plantea que limitar el derecho a la fianza será un disuasivo para los criminales.

«El Estado no ha podido demostrar que exista un número significativo de personas que delinquen mientras están libres bajo fianza. Lo que pretenden con esta enmienda es atacar las bases de la presunción de inocencia y utilizar la negación de la fianza como un castigo», expresó en comunicado de prensa la Dra. Milagros Rivera Watterson, quien funge como portavoz del Comité.