La Cámara de Representantes aprobó anoche una medida del legislador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel ?Gary? Rodríguez Miranda que faculta al Departamento de Corrección y Rehabilitación a entrar en acuerdos colaborativos con instituciones, públicas y privadas, para que las personas que incumplan con el pago de pensión alimentaria trabajen para las mismas con el objetivo de sufragar la deuda.

‘La obligación de alimentar a los menores es fundamentada en el derecho a la vida, configurado como un derecho inherente a la persona. El bienestar del menor es un objetivo principal en Puerto Rico, y por eso se hace imperativo buscar medidas para que estos cuenten con su sustento económico. Con esta medida, los deudores de pensión estarán forzados a laborar para sufragar las deudas hacia sus hijos y mantener un nivel adecuado de manutención’, explicó Rodríguez Miranda.

El Proyecto de la Cámara 3460 de la autoria del también presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud, establecería acuerdos entre el Departamento, algunas dependencias del gobierno, así como entidades privadas, para que las partes que incumplan con la pensión, puedan laborar recogiendo café u otras actividades agrícolas, en el mantenimiento de escuelas públicas, programas de ornato o construcción.

‘Mantener una persona en una institución penal tiene un costo al estado anual de alrededor de 45 mil dólares. Lograr conseguirles empleo a estos deudores, no solo seria un paso de avanzada para que sufraguen sus deudas y así los menores cuente con la asistencia que tiene derecho, pero a su vez, alivia la carga económica en el gobierno’, añadió el legislador novoprogresista.

Según datos provistos por la Administración para el Sustento de Menores, sobre 180,000 padres y madres puertorriqueños no pagan la pensión alimenticia a tiempo. Esto representa el 49 por ciento de todos los alimentantes en la Isla.

En aquellas instancias en las que se ordena el encarcelamiento de un deudor de pensión, se mantiene al mismo en la cárcel hasta que se pague la deuda acumulada o se abone una cantidad sustancial que permita al tribunal acordar un plan de pago para el balance. El periodo de cárcel se puede extender hasta seis meses de forma consecutiva si no se realiza un abono.

Al finalizar la retención, la persona es excarcelada y se vuelve a citar al Tribunal y si la misma continua faltando a su obligación alimentaria.

Alrededor de 1.2 millones de niños reciben, pagan o tienen alguna relación con pensiones. En el 2011 se adjudicaron cerca de 360 millones de dólares en pensiones alimenticias. Esto representa un aumento de 19 millones sobre la cifra del 2010.