El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, se lavó las manos tras ser cuestionado hoy miércoles sobre su decisión de mantener como director de la oficina regional del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en Ponce a un director que es investigado por corrupción.

‘Han pasado seis Secretarios de Justicia con antelación a los hechos que entiendo que fueron al final del 98, principios del 99, hubo una investigación respecto a eso, hay un informe aquí y me acuerdo, inclusive, de uno de los fiscales que lo eximió de responsabilidad bajo la pasada administración’, dijo Somoza a NotiCel, que publicó en exclusiva el caso revelando que hay agentes II y I en posiciones de supervisión sin que entre los requisitos de las funciones de esos puestos esté la supervisión.

Se refirió a que el fiscal Arístides Cales, ex director de la División de Integridad Pública, investigó al agente II Excel Quiñones, quien supervisa la oficina regional del NIE en Ponce, y se determinó que no incurrió en delito, pese a que el proceso apelativo del caso a nivel administrativo no ha concluido.

‘En torno a eso, administrativamente hubo una suspensión y se encuentra actualmente en apelación’, señaló Somoza.

Quiñones tiene un caso administrativo pendiente ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) por alegadamente haber recibido como regalo de un querellante cuatro gomas para una guagua de uso personal. El agente no fue ni ha sido procesado criminalmente por los hechos ocurridos en 1999 bajo la pasada administración, revelan documentos en poder de NotiCel.

‘Fue suspendido por un mes, pero, a pesar de que es un delito grave, no fue acusado criminalmente’, informó una fuente a NotiCel.

El artículo 3.2 c de la Ley de Ética Gubernamental claramente establece: ‘Ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley’.

Mientras, el inciso d del referido artículo dispone: ‘Ningún funcionario o empleado público solicitará ni aceptará bien alguno de valor económico como pago por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo aparte del sueldo, jornal o compensación a que tiene derecho por su función o empleo público’.

Los delitos de corrupción gubernamental no prescriben, pero ni Somoza, ni el director del NIE, el fiscal Víctor Carbonell, han presentado cargos contra el supervisor del NIE en Ponce.

Quiñones no es el único agente II que tiene funciones de supervisor aún cuando en las funciones y deberes del cargo vigentes y aprobados bajo la incumbencia del ex secretario de Justicia, Pedro Pierluisi, no les concede esa facultad.

Un agente II está a cargo de la sección de corrupción I de la División de Integridad Pública, y otro agente de igual categoría está al frente de la sección de Drogas de la División de Investigaciones contra Crimen Organizado.

Mientras, la agente II María Sánchez dirige la oficina del NIE en Fajardo, cuando esa posición le fue denegada a la inspectora Edna Mojica, quien solicitó el puesto sin éxito, reveló la fuente a NotiCel.

Otro agente II es el jefe de la oficina del NIE en Mayagüez, mientras una agente I está a cargo de la sección analista de inteligencia criminal de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado.

La práctica de colocar a agentes de menor jerarquía en posiciones de supervisión llevó a dos inspectores que han sido relegados por el NIE, Ernesto Fernández y Ezequiel Carrasquillo, a radicar demandas por presunto discrimen político que están pendientes de solución en los tribunales, corroboró NotiCel con fuentes y en expedientes en la Rama Judicial.

Una situación similar -reportada en exclusiva por NotiCel- ocurre en las fiscalías regionales, pero Somoza rechazó que esa sea la regla.