El fiscal federal Nicholas W. Cannon, quien tuvo a su cargo procesamiento de casos como los de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y los alcaldes enredados en el esquema del contratista Oscar Santamaría Torres, ya no está manejando investigaciones de corrupción pública.

Cannon lo notificó al tribunal en una moción el viernes pasado para retirarse de la sentencia pendiente de Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.

Del área de Integridad Pública, ahora está asignado a Propiedad Intelectual y Crímenes de Computadoras. A principio de este año, el otro fiscal de Integridad Pública que atendía estos casos, Ryan Crosswell, renunció al Departamento de Justicia federal como protesta a la politización de las investigaciones por parte de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, que incluyó retirar cargos al alcalde de Nueva York, Eric Adams, a cambio de su apoyo a las redadas antinmigración. Crosswell es ahora candidato demócrata al Congreso por Pennsylvania.

Cannon estuvo en Integridad Pública desde 2022 hasta el verano pasado. Con la ayuda de Santamaría Torres como cooperador, tuvo a su cargo la redada de corrupción más grande de tiempos recientes en Puerto Rico con alcaldes, contratistas y funcionarios municipales procesados por soborno, incluyendo al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, el único de los involucrados que fue a juicio. También, procesó al excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero Rosario.

Manejaba junto a Crosswell el caso de Vázquez Garced cuando ocurrió el cambio de administración en Casa Blanca. Entonces, según informes de Bloomberg, el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, intervino junto con Christopher Kise, abogado de Herrera Velutini que fue abogado de Trump, para que la acusación de soborno se convirtiera en un caso menos grave por donativo político ilegal.

La sentencia de Vázquez Garced por ese delito menos grave se mantiene para el 4 de diciembre, pero la semana pasada la jueza federal Silvia Carreño Coll accedió a una solicitud de Herrera Velutini y Rossini para posponer sus sentencias hasta el 8 de enero de 2026.

Otros dos involucrados en el esquema, el asesor político John Blakeman Ortiz, y la expresidenta del banco de Herrera Velutini, Frances Díaz Fossé, siguen sin señalamiento de sentencia después de declararse culpables antes de la decisión de Justicia de reducir los cargos.

Vea:

“Fue mi error”, confesó Vázquez mientras fiscalía pide cárcel por la corrupción en las elecciones

Cita en DC podría resultar en que caso de Wanda Vázquez no llegue a juicio