EE.UU. busca judicialización de promotores de caravanas de inmigrantes
Junto a Honduras.
Honduras y Estados Unidos trabajarán en la investigación y judicialización de los promotores de caravanas de inmigrantes hondureños con destino al país norteamericano, que dejan ya once nacionales muertos, informó este miercoles una fuente oficial en Tegucigalpa.
La cooperación fue acordada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y una delegación de senadores y congresistas de Estados Unidos durante una reunión celebrada en Tegucigalpa, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.
La delegación estadounidense la integraron los senadores Jeff Merkley y Thomas Carper, y los representantes de la Cámara Baja Lisa Blunt Rochester, Donald Norcross, Don Beyer y Lou Correa.
Los senadores y congresistas estadounidenses destacaron la importancia de investigar y judicializar a los promotores de las caravanas de inmigrantes que ‘ponen en riesgo la seguridad e integridad’ de los hondureños y centroamericanos que deciden viajar de manera irregular hacia Estados Unidos.
Miembros de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, que preside la primera dama hondureña, Ana García, participaron tambien en la reunión.
Las autoridades hondureñas explicaron a la delegación estadounidense ‘los pasos’ que el país centroamericano ha dado a la temática al aplicar la Ley Contra la Trata de Personas, que incluye disposiciones en materia de prevención, atención a víctimas y sanción del delito en todas sus modalidades.
La canciller hondureña, María Dolores Agüero, indicó que en 2018 su país registró 123 denuncias por trata de personas y 23 por explotación sexual y comercial.
Del total de casos, 56 han sido judicializados en los tribunales y 28 han recibido condena, enfatizó la jefa de la diplomacia hondureña.
El país centroamericano contabiliza además 23 casos de tráfico ilícito de personas judicializados y seis condenados.
Las autoridades hondureñas han brindado atención a 302 víctimas de trata de personas y explotación sexual, la mayoría mujeres y menores, según la información oficial.
De esos 302 casos, 85 son nuevas víctimas atendidas en 2018, 84 están en proceso de reintegrarse socialmente y 133 fueron identificadas en años anteriores.
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