El presidente estadounidense, Barack Obama, estableció hoy excepciones que reducen los supuestos de detención y procesamiento ante la justicia militar de extranjeros sospechosos de ser terroristas de Al Qaeda.

La directiva presidencial impide que las personas con residencia estadounidense permanente sean puestos bajo custodia militar por colaborar con Al Qaeda, mientras que en el caso de extranjeros sólo podrá realizarse tras una evaluación de las pruebas en su contra.

Otra de las excepciones se contempla para casos en los que la transferencia a custodia militar pueda reducir las posibilidades de obtener un confesión o cooperación en la investigación.

Organismos internacionales pro derechos humanos han criticado que supuestos terroristas islámicos bajos custodia militar fueran sometidos a prácticas de tortura, como el ahogamiento simulado, durante el mandato de George W. Bush.

Obama ya pidió que se reformularan las comisiones militares para los presos de la Base Naval de Guantánamo, de modo que no fueran aceptadas en su proceso pruebas obtenidas bajo tortura.

Según la directiva de Obama el incumplimiento de estas excepciones podría ‘minar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer la capacidad de reunir inteligencia y para incapacitar a individuos peligrosos’.

El presidente se reservaba ciertas provisiones y detalles de la aplicación tras la aprobación en el Congreso a finales de 2011 de la polémica ley de Defensa Nacional (NDAA, por su sigla en inglés) que daba más poder a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo.

Los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda solo podrán ser transferidos de la custodia civil a la militar tras una ‘concienzuda evaluación de todos los hechos relevantes, basados en la opinión del equipo de altos mandos de seguridad nacional del presidente’.

Asimismo, la directiva presidencial da poderes al Fiscal General para que aplique nuevas excepciones caso por caso para la detención y custodia militar de sospechosos.

Otra de las limitaciones es el caso de que la custodia militar de un supuesto terrorista pueda poner en riesgo la cooperación antiterrorista con aliados de Estados Unidos.