Las organizaciones que forman parte de la Coalición Armas Bajo Control instaron hoy al Gobierno español a que revise su política de venta de armas a países donde se están produciendo protestas multitudinarias en Oriente Próximo y el norte de África para evitar que se usen para cometer violaciones a los derechos humanos.

Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Fundació per la Pau y Greenpeace, organizaciones que integran la Coalición, señalaron que es fundamental, teniendo en cuenta la excesiva acumulación y uso de una amplia gama de armas convencionales para cometer y facilitar graves violaciones de derechos humanos en la zona, que se aplique íntegramente el artículo 8 de la Ley 53/2007 de Comercio de Armas para evitar que las ventas de armamento español ayuden a cometer esas violaciones.

Las organizaciones dieron la bienvenida a la apertura de un expediente para revocar las licencias vigentes de material militar a Libia en aplicación de la legislación vigente. ‘Se trata de una decisión que de confirmarse sería muy positiva y sienta un precedente muy importante’, indica un comunicado de la Coalición.

Sin embargo, según Armas Bajo Control, España también exporta armas a otros países de la zona, algunos envueltos ahora en graves violaciones de los derechos humanos de las personas que están exigiendo un cambio.

Por ello, respecto al resto del Norte de África y Oriente Próximo, las organizaciones instaron al Gobierno español a llevar a cabo una revisión, caso por caso, de todas las transferencias y exportaciones, tanto licencias ya autorizadas como las que se encuentren en proceso de autorización.

‘Es necesario que se asegure que en ninguna circunstancia se van a facilitar más armas, municiones, materiales relacionados, piezas ni apoyo técnico, donde exista un riesgo importante de que puedan ser usadas para cometer o facilitar más violaciones graves de los derechos humanos. Si existe ese riesgo, deben denegarse las solicitudes de autorización para exportar material de defensa o doble uso, y deben revocarse o suspenderse aquellas que ya estén autorizadas’, señaló Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional.

La Coalición presentó hoy un informe en el que se destaca que las exportaciones de material de defensa realizadas por España durante el primer trimestre de 2010 ascendieron a 730,4 millones de euros, un 77% más que las realizadas en el mismo periodo un año anterior. Además, las operaciones de exportación autorizadas en el mismo periodo se elevaron a 1,559 millones de euros.

‘Las pautas que aquí se muestran y los destinos de las armas españolas son muy preocupantes, por eso estamos reclamando medidas urgentes’, afirmó Irene Milleiro, de Intermón Oxfam.

Entre los destinos de las exportaciones de armas españolas siguen figurando países que las organizaciones consideran preocupantes, ya sea porque en ellos se cometen graves violaciones de los derechos humanos, existen conflictos armados o hay un riesgo de desvío a países vecinos y, por tanto, no debería permitirse la exportación, como indica el artículo 8 de la Ley.