Su efecto, como han denunciado expertos en planificación y en asuntos ambientales, sería reducir de forma significativa el espacio, ya muy limitado, que hoy está protegido.

Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunciaron ayer que la propuesta reforma de permisos presentada por la gobernadora incluye cambios que reducirían la protección de la zona marítimo terrestre y facilita la entrega a intereses de la construcción de áreas costeras vulnerables.

Para las delegaciones del PIP en Senado y Cámara entre las cerca de 800 páginas de la propuesta reforma de permisos presentada por la gobernadora se encuentra un calco de la definición de Zona Marítimo Terrestre contenida en el P de la C 25, de la autoría del presidente de la Cámara, Johnny Méndez.  La propuesta de enmienda a la Ley de Muelles figura en el artículo 16.29 del proyecto sometido por La Fortaleza. 

Su efecto, como han denunciado expertos en planificación y en asuntos ambientales, sería reducir de forma significativa el espacio, ya muy limitado, que hoy está protegido, invitando así a la construcción en áreas sensitivas a la erosión y al aumento en el nivel del mar, y limitando el acceso a las playas. 

“Se trata de traer por la cocina una propuesta especialmente dañina, diseñada a la medida de sectores que con tal de generar ganancias están dispuestos a acelerar la destrucción de nuestras costas y a pesar de la fuerte oposición al mismo por importantes voces conocedoras del tema”, señaló el senador Adrián González Costa.

Por su parte, el representante Denis Márquez añadió que “la proliferación de construcciones en espacios que deben ser protegidos resulta en la virtual privatización de las playas, y en el fomento de políticas de desplazamiento”.

Como preocupación adicional sobre la medida, la senadora María de Lourdes Santiago señaló la gran dependencia de la llamada “autocertificación”, elemento también presente en el proyecto presentado por el presidente del Senado, y en las recomendaciones y determinaciones de las distintas categorías de “profesionales”, es decir, personas particulares a cargo de responder por la implementación de política pública que para todo efecto práctica, usurpan el papel que corresponde al Estado: “se trata de la multiplicación de las malas prácticas que ya conocemos, como es el caso de los ‘deslindes por encargo’ en la Zona Marítimo Terrestre”.