El demoledor informe negativo del proyecto indica que la medida proponía que fueran los propios ocupantes de las casetas los que certificaran la huella de las estructuras, lo que significaba un conflicto de interés.

El informe negativo del proyecto de ley que buscaba legalizar las casetas ubicadas en La Parguera concluye que el proyecto de administración “no satisface los requisitos mínimos de rigor jurídico, técnico y administrativo que exige la gestión responsable de los bienes de dominio público”.

El informe, del que se conocía su contenido desde enero pero fue divulgado hoy, firmado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en calidad de presidente de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, indica que durante una vista pública se pudo constatar que las estructuras existente “se encuentran ubicadas sobre bienes de dominio público marítimo-terrestre y cuerpos de agua bajo jurisdicción estatal y federal, y que dichas estructuras no cuentan con permisos formales vigentes que autoricen su construcción u ocupación”.

Acto seguido, señala que el personal de Recursos Naturales reconoció que las edificaciones nunca debieron estar allí y que su permanencia ha sido producto “de una tolerancia administrativa histórica, no de un reconocimiento jurídico de legalidad”.

Más aún, el Senado concluyó que la permanencia de las residencias, como la de los suegros de la gobernadora Jenniffer González, es atribuible no a un limbo o incertidumbre juríica “sino al incumplimiento prolongando de acuerdos y disposiciones legales existentes”, como un memorando de entendimiento de 1978 entre el gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros en que se afirmó la ilegalidad de las estructuras y se dio un plazo para ser removidas.

El cuerpo legislativo también concluyó que la pieza legislativa, que sí fue aprobada en la Cámara, no parte de un inventario confiable o actualizado de las estructuras existentes. De hecho, el Departamento de Recursos Naturales admitió que el más reciente registro es del 2013, fue realizado por personal sin peritaje y no permite precisar si las estructuras han sido ampliadas desde entonces.

“Se reconoció que actualmente el Departamento no puede certificar con precisión cuál es la huella real de cada estructura, ni puede descartar que durante el trámite legislativo se estén realizando ampliaciones adicionales sin fiscalización efectiva”.

Otra conclusión alcanzada es que el proyecto proponía que fueran los propios ocupantes de las casetas los que certificaran la huella de las estructuras, lo que significaba un conflicto de interés.

Del testimonio recibido también se desprende que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales carece actualmente de los recursos humanos, tecnológicos y fiscales necesarios para fiscalizar de forma efectiva las aproximadamente 147 estructuras existentes en La Parguera. Se reconoció que no existen sistemas de monitoreo continuo, ni uso sistémico de drones u otras herramientas de detección remota, y que las intervenciones realizadas son esporádicas y reactivas, basadas en querellas o en observaciones aisladas de vigilantes”.