El proyecto fue enviado a La Fortaleza el 5 de febrero.

La Alianza por el Acceso a Servicios Esenciales de Salud Reproductiva, compuesta por Taller Salud, Proyecto Matria, ProFamilias, Mujeres Ayudando Madres y Hispanic Federation, solicitó hoy a la gobernadora Jenniffer González el veto del Proyecto del Senado 923 y la oportunidad de dialogar sobre las implicaciones adversas que tendría la aprobación del mismo. 

Estas organizaciones se dedican a promover la salud y los derechos de las mujeres en Puerto Rico.

La medida persigue que se enmiende “el Artículo 92 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como ‘Código Penal de Puerto Rico’, a los fines de establecer que, para propósito de lo dispuesto en los incisos (g) y (h) del Artículo 93 de dicha Ley, se considerará ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno; y para otros fines relacionados”. 

Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, señaló que “como organización que trabaja día a día por el bienestar de nuestras mujeres, queremos sentarnos con la Gobernadora en un espacio de diálogo y explicarle cuáles son los riesgos reales de esta medida. Solo le pedimos audiencia antes de considerar firmar este proyecto. Este veto atendería la solicitud de miles de profesionales de la salud y de las entidades que sirven a las mujeres en Puerto Rico, y más importante aún, garantiza el derecho a acceso de servicios de salud seguros”. 

Por otro lado, Yaritza Ocasio, directora interina de ProFamilias abundó que “las terminaciones de embarazo son parte del cuidado de salud. Limitar, criminalizar o confundir este acceso pone en riesgo vidas, retrasa la atención médica y crea barreras innecesarias para decisiones que deben ser clínicas, informadas y personales.”

El cambio propuesto en la definición del delito de asesinato crea incertidumbre legal para profesionales de la salud, abre la puerta a la criminalización del aborto, y pone en riesgo la vida, la salud y la autonomía de las mujeres y personas gestantes en la isla.  

Enid Pérez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, añadió que “la violencia ejercida a través de la implementación de política pública que impacta directamente cualquier servicio de salud esencial para una mujer es coerción reproductiva. Las consecuencias de la aprobación del PS923 no solo quedarán para la historia de nuestro país, sino para que no olvidemos como somos engañadas de forma sostenida”.

Por su parte, Vanessa Caldari, partera y directora de Mujeres Ayudando Madres, afirmó que “desde la partería afirmamos la vida en todas sus expresiones. Apoyar la reproducción humana implica confiar en las personas, respetar sus decisiones y garantizar acceso a cuidado informado, compasivo y basado en evidencia, no imponer control sobre sus cuerpos. Defender la vida también es defender los derechos reproductivos”.

Charlotte Gossett Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico, reclamó que “el Proyecto 923 representa un retroceso y un ataque a la salud y derecho de las mujeres.  Nuevamente se amenaza con criminalizar a un sector de la población ya vulnerabilizado de por sí. Por otro lado, la forma en que fue aprobado, en tan solo días, sin vistas públicas y por descargue, implica un menosprecio por los valores democráticos y más cuando aborda temas cuyas ramificaciones y efectos son tan serios y abarcadores. Solicitamos a la Gobernadora que vete dicho proyecto de ley”.

La Alianza reafirma su compromiso de continuar movilizando esfuerzos de abogacía, comunitarios y educativos para defender los derechos sexuales y reproductivos, y proteger la vida y el bienestar de las mujeres y comunidades. Puerto Rico merece políticas públicas fundamentadas en evidencia y creadas con la participación de quienes serían directamente impactados.