Gobierno otorga decretos turísticos sin cumplir con la Ley

Un análisis de documentos regulatorios, expedientes públicos y de casos ya otorgados revela un patrón preocupante: el Gobierno de Puerto Rico continúa aprobando decretos turísticos a proyectos que no cumplen con los criterios establecidos en la ley, particularmente con la regla del 70/30 que exige que al menos 70% del área de un proyecto sea verdaderamente turística y no más del 30% residencial.

Aunque esta disposición está claramente establecida en la Ley 74-2010, en documentos examinados se señala que la regla del 70% que se cita comúnmente no está en el Código de Incentivos (Ley 60), lo que ha permitido interpretaciones laxas, abusos de la discreción de funcionarios públicos y aplicaciones inconsistentes. 

“El marco legal vigente permite, y parece ser que la práctica gubernamental fomenta, que proyectos predominantemente residenciales se beneficien de decretos turísticos aún sin cumplir cabalmente con la reglamentación. La síntesis es clara, la ley fija el concepto de 70/30 por área, pero su incumplimiento no invalida el decreto; de hecho, existen decretos otorgados a proyectos con un fuerte componente residencial, un mínimo componente turístico, y aun así, se mantienen vigentes. Este modelo se repite en múltiples desarrollos recientes, incluyendo en el mercado de lujo”, dijo el abogado criminalista Estanis Barrenechea Martínez.

Reparten los decretos a puertas cerradas

La falta de transparencia agrava la situación. La Ley 60-2019 garantiza confidencialidad absoluta sobre la información sometida por un solicitante al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (“DDEC”). Según la ley, “La información sometida por un Negocio Exento al Departamento será confidencial y no constituirá información pública. El Departamento no podrá divulgar dicha información sin el consentimiento del Negocio Exento, excepto cuando otra ley así lo requiera”. Amparándose en esto, el DDEC utiliza su discreción de forma selectiva sin permitir ser fiscalizado de sus determinaciones, lo que impide conocer los decretos de terceros. 

El pasado año, la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana demandó al DDEC por negarse a entregar información pública sobre 59 decretos turísticos aprobados ese año. Los demandantes sostienen que la agencia violó la Ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública) y el derecho constitucional de acceso a la información, ya que los datos solicitados como montos de créditos, entidades beneficiarias, ubicación y desempeño son esenciales para fiscalizar el uso de fondos públicos y evaluar el impacto real de los incentivos. La demanda subraya que el DDEC no negó tener la información, pero se rehusó a divulgarla en el formato requerido, lo que evidencia un patrón de opacidad en la administración del Código de Incentivos. 

No hay manera de poder evaluar el retorno de inversión que obtiene el Gobierno. Al otorgar estos decretos, el Gobierno determina dejar de recibir los ingresos provenientes de la actividad comercial incentivada. 

El problema central radica en cómo se interpreta, o se ignora el requisito del 70/30. Aunque la ley exige que el cálculo se haga por área, no por número de unidades, el documento muestra que proyectos con proporciones claramente residenciales han recibido decretos millonarios. La ley establece que el 70% es un umbral automático: si no se cumple, el componente residencial debe quedar fuera del decreto y tributar normalmente. Sin embargo, en la práctica, el DDEC ha permitido estructuras donde el componente turístico es minoritario, pero aun así se otorgan créditos sustanciales.

Otorgan $498 millones en créditos sin cumplir

El caso más emblemático del posible abuso de la discreción gubernamental y la otorgación de los decretos turísticos es el proyecto Esencia, en Cabo Rojo. El proyecto incluye 520 unidades turísticas y 1,132 residencias, lo que implica que solo un 31% del proyecto es turístico. Aún así, Esencia recibió cerca de $498 millones en créditos para la inversión turística. La Compañía de Turismo catalogó este desarrollo como “predominantemente residencial”, pero aprobó el decreto de forma expedita. Aunque el componente residencial quedó fuera del beneficio, el volumen del crédito evidencia que la agencia está dispuesta a avalar proyectos que no cumplen con el espíritu de la ley.

El proyecto de desarrollo Esencia en Cabo Rojo es un megaproyecto turístico-residencial de lujo que abarca unos 2,000 acres tropicales y alrededor de 3 millas de playas en la costa oeste de Puerto Rico. Además, se pretende desarrollar un «town center» con oficinas comerciales, museo, restaurantes, bares y otros espacios públicos.

Según Roberto Ruiz Vargas, de Three Rule Capital, “el decreto contributivo de Esencia, otorgado al amparo de la Ley 74, aplica exclusivamente a los componentes de hospitalidad y turismo del proyecto. Esto incluye los hoteles, las amenidades turísticas de acceso público, las instalaciones recreativas y la infraestructura que, conforme a la ley, cualifica para esos beneficios. De los $498 millones en posibles créditos contributivos por inversión turística evaluados bajo el decreto, cero dólares corresponden al desarrollo residencial. Los desarrolladores nunca solicitaron, ni les fueron concedidos, créditos contributivos para los componentes residenciales de este proyecto”.

“Los créditos evaluados representan aproximadamente el 40% de la inversión turística considerada de forma independiente, excluyendo por completo cualquier componente residencial. Esencia ha cumplido plenamente con todos los procesos de evaluación y aprobación requeridos por las agencias gubernamentales correspondientes y continuará operando con total transparencia”, afirmó el ejecutivo mediante declaraciones escritas.

Interrogantes en el proyecto Vanderbilt Residences

A este patrón se suma el proyecto Vanderbilt Residences, cuya descripción pública confirma la misma estructura: una torre de lujo de 250 pies en Condado, con 66 unidades totales, de las cuales solo alrededor de 16 cumplen con el requisito de hospedería. El resto, 50 unidades de alto valor, serán destinadas para residencias que pudieran rentar a turistas. Según la información divulgada, la construcción asciende ya a $260 millones, y se espera que se complete antes de que termine el 2026. Aunque no existe confirmación pública de que Vanderbilt haya recibido un decreto turístico, su estructura coincide con el patrón descrito de proyectos mayoritariamente residenciales que apenas cumplen con el mínimo legal de 15 unidades para ser considerados condohotel.

Al igual que en otros casos, la operación hotelera sirve de ancla para un componente residencial significativo, lo que permite a los desarrolladores beneficiarse de incentivos diseñados originalmente para fomentar una infraestructura turística.

Sombras sobre los decretos de clientes de Reichard & Escalera

Como resultado de las recientes controversias relacionadas con el DDEC, una fuente de Noticel opinó que resulta necesario examinar si existieron períodos durante los cuales funcionarios con vínculos previos al bufete participaron en decisiones relacionadas con clientes de la firma antes de establecer mecanismos formales de inhibición. De hecho, en una carta enviada por la Oficina de Ética Gubernamental a Ernesto Zayas García, ex secretario auxiliar de la Oficina de Incentivos del DDEC, se establece que su intervención en asuntos en los que tuvo que ver como empleado de Reichard & Escalera, “podría arrojar dudas sobre la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

Algunos de los clientes del bufete del abuelo de Sebastián Negrón Reichard alegadamente, han sido beneficiados con créditos contributivos durante la incumbencia del ahora ex secretario del DDEC. Entre las compañías que se han mencionado y que pudieron beneficiarse de los decretos obtenidos con la ayuda de Reichard & Escalera son: Viatris, Lilly Del Caribe, Eli Lilly, Medtronic, Covidien, Hewlett Packard, Janssen, Ethicon, Amo Pr Manufacturing, Janssen-Cilag, McNeil Healthcare, Mo Cc1 Cayey, 2g Energy, Powersecure, Coopervision, Stryker, Strategic Film And Television Consultants, NB Sports, MS Produce, Hacienda Monte Alto, Victory Cups, Precision Worx, Peter Paul Electric, MLM Restaurants, Ocean Lab Brewing, entre otros. La Ley de Ética prohíbe que los abuelos reciban beneficios de sus parientes oficiales del Gobierno. 

Se estima que los incentivos otorgados a los clientes de Reichard & Escalera exceden los $77 millones.

“Aunque el Departamento de Justicia no comienza un proceso investigativo en ausencia de una querella, ante la seriedad de las alegaciones presentadas es deber ministerial del Gobierno investigar los planteamientos que se han hecho públicamente y los incentivos otorgados que exceden los $70 millones de dólares. Pienso que una investigación sería prudente para detener cualquier práctica incorrecta o para brindar la confianza a los inversionistas si se demuestra que todo fue correcto”, dijo el exfiscal Omar Barroso Rosario.

Impacto al ciudadano común

Los créditos turísticos que se otorgan mediante estos modelos representan un costo real para el fisco gubernamental. Los créditos son ingresos que el Gobierno deja de recaudar y que, de otro modo, entrarían al Fondo General para financiar servicios esenciales. Es por esta razón que muchos economistas, la Junta de Supervisión Fiscal y el propio Departamento de Hacienda los clasifican como gasto tributario, lo que significa que cada dólar otorgado en crédito es un dólar menos disponible para escuelas, carreteras, salud o seguridad, afectando indirectamente al ciudadano común, aunque no se desembolsen como un cheque directo, y convirtiéndolos en una forma de subsidio público cuyo impacto fiscal recae finalmente sobre el pueblo.

“Teniendo este impacto en las finanzas del Gobierno y en los servicios al Pueblo, en total ausencia de transparencia, y con una interpretación flexible de la ley, el sistema de decretos turísticos opera en un terreno donde la discrecionalidad, más que la reglamentación, parece determinar quién recibe los beneficios, eso debe de cambiar”, señaló Barrenechea Martinez.