La Cámara de Representantes recogió sugerencias para integrar al Proyecto 911 que pretende añadir artículos a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

La Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes recogió un puñado de sugerencias para integrar al Proyecto de la Cámara 911 que pretende añadir artículos a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para darle garras adicionales a la Policía estatal en la eventualidad de intervenir con la práctica del “voceteo”.

José “Cheíto” Hernández Concepción, presidente de la Comisión, adelantó que el proyecto será enmendado, según las recomendaciones presentadas en las ponencias y las respuestas ofrecidas por portavoces de la Federación de Alcaldes, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Policía.

Actualmente, las legislaturas municipales mantienen la facultad de reglamentar el “voceteo” por medio de ordenanzas enmarcadas en un horario diurno, mientras que la Policía estatal está limitada a intervenir entre las 12:00 de la medianoche y las 6:00 de la mañana. La Federación de Alcaldes informó que entre 15 y 20 pueblos aprobaron ordenanzas para regular el “voceteo”. Sin embargo, también tienen unas limitaciones.

“La ordenanza que puede haber en San Juan o Bayamón, en Barranquitas es distinta. En el ánimo de armonizar y hacer algo completo, hay que ver las ordenanzas que tienen para hacer algo más concreto antes de radicar el proyecto”, explicó Hernández Concepción.

La pieza legislativa tiene como propósito prohibir y regular la práctica en reuniones de uno o más vehículos con sistemas de sonido excesivamente amplificados para salvaguardar la tranquilidad en comunidades, proteger áreas naturales, resguardar la salud y respetar el descanso nocturno de ciudadanos y, a su vez, mascotas.

El capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, insistió durante una vista que extender el periodo a 24 horas le ofrece garras adicionales para actuar. Asimismo, recalcó que será necesario adquirir medidores de decibeles que recopilan las evidencias requeridas en la eventualidad de acudir a un tribunal para sostener un caso.

“¿Por qué limitar a la Policía estatal? No se debe amarrar a intervenir entre las 12:00 de la medianoche y las 6:00 de la mañana cuando debemos poder hacerlo las 24 horas del día”, cuestionó Zeno.

Hernández Concepción calificó como válidas las preocupaciones esbozadas por Zeno durante la vista.

“Tenemos que atender el asunto que si dentro del horario ocurre el ‘voceteo’ se impone una multa y punto. Que no haya decibeles, ni un proceso distinto. Que solamente con escucharlo y el vehículo solo tenga las bocinas cambiadas y no sean las de fábrica se da la multa. Lo segundo que nos llevamos es que puedan hacerlo todo el día”, dijo el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Otra inquietud es que los municipios pierdan los fondos por concepto de las multas impuestas a quienes haga caso omiso de la ordenanza si se le concede la autoridad completa a la Policía estatal.

“Podríamos ver un mecanismo para que un porciento vaya a los municipios. Lo otro es que la Policía tenga la fuerza de ley para hacerlo las 24 horas del día”, recalcó Hernández Concepción.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Rivera Ruiz también señaló una laguna en el proyecto.

“Le faltaría una enmienda en cuanto a que se tendría que demostrar que la persona lo está haciendo (el acto del voceteo) para cuando solicite una revisión y vaya a un juez, se pueda tomar una decisión. Es necesario el aditamento porque cada vehículo que se detiene es una caja de sorpresas”, advirtió.

Hernández Concepción coincidió en la necesidad de adquirir unos aparatos para medir los decibeles además de adiestrar a los policías estatales y municipales.

“Los municipios no los utilizan. Si a un vehículo le cambian el sistema de sonido es suficiente para darle una multa porque se prevé que, en efecto, están usando sonido más alto de lo que deberían. Es el mecanismo que usan los municipios, pero queremos armonizar para cuando la policía vaya a un tribunal no se le caiga el caso porque no hay manera de demostrarlo”, manifestó.

Hernández Concepción indicó que será necesario identificar los fondos para las compras de los medidores de decibeles.