La medida busca modernizar sus disposiciones y reforzar las garantías para los pacientes que enfrentan afecciones emocionales.

Esta semana diversas organizaciones del sector salud y entidades gubernamentales expresaron su respaldo a una medida que busca enmendar la Ley 408 de Salud Mental de Puerto Rico, para modernizar sus disposiciones y reforzar las garantías para los pacientes que enfrentan afecciones emocionales.

El Proyecto de la Cámara 1007 (PC1007), impulsado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, responde a una discusión que arrancó en marzo de 2025, involucrando a profesionales de la salud mental y sectores directamente relacionados con la aplicación de la ley. 

“Este proyecto no surge de mi escritorio; surge de un trabajo colaborativo con los sectores implicados. Durante ocho meses, se analizaron recomendaciones y se decidió reformar la ley en vez de derogarla. El paciente es el eje de la Ley 408 y ese espíritu guía este esfuerzo”, explicó Rodríguez Aguiló.

Como primer paso, el legislador dijo que se formaron dos grupos de trabajo para abordar los retos específicos de la salud mental en adultos mayores y en menores y adolescentes. Tras el análisis artículo por artículo, se propusieron modificaciones y mejores prácticas adaptadas a distintos contextos jurisdiccionales.

Entre las enmiendas más destacadas está la creación de una disposición especial para la atención psicológica de mujeres embarazadas y en el periodo posparto, una innovación que no figuraba en la legislación vigente desde el 2000. 

“La madre debe recibir atención multidisciplinar, con apoyo preventivo y de seguimiento en salud mental, para evitar posibles efectos en el bebé. El proyecto tiene un enfoque preventivo y de seguimiento”, añadió el legislador en entrevista con NotiCel.

El proyecto también actualiza las definiciones y tratamientos relacionados con el abuso de drogas y sustancias, proponiendo nuevos enfoques terapéuticos para quienes sufren dependencia de sustancias controladas.

Dos puntos controvertidos son: una reforma en el procedimiento de intervención en crisis, que actualmente exige la activación judicial para ingresos involuntarios, y el uso de terapias electroconvulsivas. 

Sobre el primero, la propuesta busca que la policía y los servicios de emergencias médicas evalúen al paciente antes de acudir al tribunal, agilizando el tratamiento y reduciendo la carga judicial. 

Sin embargo, en la primera vista pública surgieron inquietudes sobre derechos constitucionales, capacitación del personal policial y médico, y la identificación de los casos emocionales.

Respecto a las terapias electroconvulsivas, el texto no introduce grandes cambios respecto al marco legal actual, sino que aclara y detalla los procedimientos existentes, refuerza la seguridad y la toma de decisiones.

Otra novedad importante es el refuerzo de la autoridad clínica del médico tratante sobre las aseguradoras, especialmente en el manejo y documentación de los tratamientos durante la hospitalización o en programas específicos, respondiendo a una de las principales preocupaciones de los profesionales y pacientes en la isla.

El proyecto incorpora avances tecnológicos como la telemedicina, permitiendo terapias sin traslados y adaptando los estándares internacionales sobre la frecuencia y calidad de las intervenciones.

“La prioridad siempre debe ser el paciente, por encima de cualquier otro interés”, afirmó el legislador.

La primera ronda de evaluación del proyecto contó con representantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, APS Health, el Departamento de Salud y la aseguradora MMM, quienes coincidieron en la urgencia de actualizar la normativa, aunque algunos pidieron realizar ajustes puntuales y aspectos fiscales.

El Departamento de Salud respaldó la iniciativa, pero fue uno de los participantes que presento sugerencias para fortalecer los procesos clínicos y administrativos, mientras que las aseguradoras valoraron el trabajo conjunto de los sectores implicados. 

Por su parte, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra Adicciones (ASSMCA) expresó reservas, principalmente por la ausencia de ciertos cambios propuestos por la agencia.

La medida continuará en análisis y discusión ante la Asamblea Legislativa el 16 de enero. 

Igualmente, la Comisión de Salud recibirá ponencias y memoriales de gremios y sectores profesionales para perfeccionar la propuesta, con la meta de presentar el informe final a la Cámara y posteriormente al Senado. La gobernadora ya tiene el borrador, y la expectativa sobre la reforma es que pueda ser aprobada en febrero.