Entidades del sector judicial consideran que la medida se aleja de los principios de justicia restaurativa.

En momentos en que el sistema de Justicia evalúa si se mantiene en el ojo público por el caso de asesinato de adolescente Gabriella Nicole Pratts, la Cámara de Representantes y el Senado ha propuesto una medida para enmendar la Ley de Menores (Ley Núm. 88-1986).

Los proyectos presentados, el Proyecto de la Cámara 807 (P. de C. 807) y el Proyecto del Senado 38 (P. de S. 38), buscan derogar y modificar artículos de la ley, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de entidades jurídicas y defensoras de los derechos civiles.

El P. de C. 807 propone eliminar el requisito de agotar remedios administrativos en casos de faltas en el escenario escolar, mientras el P. de S. 38 intenta adaptar delitos y sanciones de la Ley de Menores al Código Penal vigente. 

Sin embargo, expertos advierten que estas medidas pueden perpetuar la reclusión de menores y criminalizar la infancia, alejándose de los principios de la justicia restaurativa.

Durante vistas públicas ante la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, miembros del Colegio de Abogados, la Sociedad de Asistencia Legal y la Comisión de Derechos Civiles expusieron sus preocupaciones. 

“Solicitamos y suplicamos que no se avalen estas medidas”, fue el mensaje unánime de los comparecientes, quienes consideran que los proyectos propuestos no son acordes con la realidad social y educativa del País.

Jessica Meléndez, de Asistencia Legal, resaltó el impacto emocional que sufren los menores al ingresar al sistema judicial: “Sienten desesperanza, frustración, miedo, desconsuelo y desconocimiento. Los menores deben estar en la mesa discutiendo cualquier determinación que pueda ser desfavorable para ellos”.

Asimismo, la ponencia presentada por la Iris Yaritza Rosario, incluyó el endoso de otros académicos, subrayó que las reformas propuestas no cuentan con datos empíricos sólidos y podrían agravar las consecuencias sociales. 

“Es importante levantar estadísticas confiables y reforzar el estado de bienestar para evitar situaciones de violencia juvenil. Subrayando que encarcelar a menores no reduce la violencia, sino que perpetúa el ciclo.

Por su parte, la licenciada Yahaira Padilla calificó “como irresponsable” proponer cambios basados en información incorrecta. Padilla exigió al Departamento de Educación “invertir en la capacitación del personal para agotar todos los remedios administrativos antes de judicializar casos de menores”.

Por su parte, Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, argumentó que “no se puede tratar a los menores como adultos en miniatura” y advirtió sobre las graves repercusiones de someterlos al sistema judicial penal. 

Los representantes de las entidades oponentes reclamaron mayor inversión en servicios psicosociales y educativos, para prevenir la violencia y apoyar, en su lugar, la rehabilitación y reinserción de los menores que hayan cometido faltas, a la sociedad.

Finalmente, el representante Denis Márquez, hizo constar su oposición y la del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a ambas iniciativas legislativas.