Las autoridades y los sectores comerciales consideran que la clave está en actualizar la normativa vigente sin sobrecargar a los pequeños negocios.

El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) y el Centro Unido de Detallistas (CUD) coinciden en que “no es necesario” imponer un tercer método como alternativa de pago a los comercios locales, como establece el Proyecto de la Cámara 710. Por el contrario, opinan que lo que sí es necesario es atemperar las normas vigentes.

Actualmente, la Ley 42-2015, según enmendada, establece que toda persona que preste servicios en Puerto Rico debe proveer, al menos, dos alternativas de pago a los clientes.

Sin embargo, para el representante Edgar Robles, presenta limitaciones para los ciudadanos y comerciantes al momento de hacer o recibir pagos. Puesto que muchas veces las alternativas se reducen, únicamente, a pagos en efectivo.

Por lo que, el también autor de la medida propone se agregue como alternativa obligatoria una opción mediante plataformas electrónicas modernas y disponibles como ATH Móvil, Apple Pay y PayPal, entre otras.

“DACO entiende que, en lugar de imponer un tercer método obligatorio, lo que corresponde es enmendar la ley y atemperarla a tiempos actuales, proveyendo una verdadera alternativa, moderna y accesible”, citó la ponencia de la secretaria Valerie Rodríguez Erazo, en vista pública convocada por la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes.

La agencia, que estuvo representada por Yaslín Torres Rivera, considera que la medida tal cual propuesta supone una carga innecesaria a los comercios.

“El objetivo de las enmiendas no es penalizar a los comercios, sino modernizar el marco normativo para beneficio de todos. Exigir pagos electrónicos no solo protege al consumidor sino que fortalece la confiabilidad y trasparencia de las transacciones. A partir de ello se debe comenzar por fiscalizar a los comercios que ya por ley están obligados a tener esta opción y como gobierno trazaron plan para ir, paulatinamente, exigiéndoselo a los comercios. De modo que el consumidor cuente con alternativas reales y actualizadas”.

Los métodos de pago válidos, según la reglamentación y guías administrativas del Departamento de Hacienda, son efectivo, tarjetas de crédito o débito, pagos electrónicos, cheques y giros postales.

No obstante, en la cotidianidad los pagos por cheque y giro postal son cada vez menos.

“Han quedado obsoletos. La banca misma se mueve a eliminarlos”, subraya DACO. “Algunos comercios lo presentan como opción alterna, incluyendo profesionales de la salud que se limitan a aceptar efectivo y cheque.  Lo cual reduce el pago al efectivo contradiciendo el espíritu de la ley que buscaba ampliar opciones al consumidor”, señaló.

Mientras que el CUD sometió tres recomendaciones principales ante la enmienda de los artículos 1 y 1.1 de la Ley 42.

“Para que puedan fortalecer las alternativas sin impactar adversamente a los pequeños comercios recomendamos que se establezca como segundo pago un medio electrónico y dentro de estos se va a considerar tanto el uso de la tarjeta de crédito o débito como el pago de forma digital”, expresó Agnes Martínez, en representación del CUD.

Asimismo, la entidad sugirió que se reconozca a los sectores que ya, bajo el reglamento vigente 8851, están exentos de cumplimiento con la Ley 42.

“Su fin es específicamente ser recaudadores del gobierno o porque son agricultores bonafide y que se contemplen esas excepciones -que ya están operantes- porque vemos que el proyecto está siendo aplicado de forma generalizada. No queremos que vaya a haber confusión con comercio como artesanos agricultores y otros renglones que de por sí están exceptuados”, precisó Martínez.

En esta misma línea, el CUD emitió como tercera recomendación que se evalúe el reglamento 8851 que exceptúa de cumplimiento con la Ley 42 a los negocios que tienen un volumen de negocio de $50,000 anuales, para que se pueda aumentar a $100,000”.

Por su parte, Soimé Álvarez Rubio, presidenta Asociación de Bancos de Puerto Rico, señaló que para los comerciantes contar con más alternativas de pago puede ser más oneroso porque, además de que procesar tarjetas de crédito o débito y ATH Móvil, requieren contar con cuentas de banco, estas suponen cargos por servicios.

En ese sentido, Álvarez Rubio señaló que la Asociación otorga “total deferencia a los comentarios que puedan ofrecer las entidades públicas relacionadas al tema. Y, a los de personas que presten servicios para las que se necesiten licencias o autorización legal y que puedan ser impactados por la implementación de esta medida. Y comerciantes o quienes realicen negocios en Puerto Rico”.

Igualmente, sometió una lista de entidades que podrían aportar en las enmiendas al proyecto.