El juez federal Jose A. Fuste presentó un memorándum para apoyar la sentencia de 12 años de cárcel impuesta contra Carmelo R. González Román, quien junto a otro sujeto no identificado, mantuvieron por varias horas como rehen a una familia en Luquillo, mientras el se llevaba a uno de sus miembros por varios bancos para retirar dinero.

Fusté, quien también lo sentenció a cinco años de libertad supervisada el 9 de julio, emitió el escrito porque su sentencia fue por encima de los 10 años sugeridos por las partes en un acuerdo de culpabilidad al tomar en consideración ‘que era necesario por los detalles horrorosos de este crimen’.

El Juez destacó que González Román primero deberá cumplir la pena federal y después una pena estatal que también se le impuso ‘porque según nuestra experiencia, hay un manejo errático de detención en el sistema de corrección local que ha llevado a convictos a ser liberados aún con casos federales pendientes’.

Debido a que el convicto puede apelar su sentencia, el Juez resaltó el crimen rampante que existe en la isla a tal punto que desde el 2011 las autoridades federales han asumido jurisdicción de los crímenes violentos que han azotado a Puerto Rico para apoyar su determinación.

González Román fue acusado a nivel federal el 21 de enero pasado por cargos de ‘carjacking’, robo a mano armada y violaciones por leyes de armas. El 24 de marzo pasado se declaró culpable solamente por el último cargo con una sentencia sugerida por el fiscal Nicholas Warren y la abogada Yasmín Irizarry, de la Oficina del Defensor Público federal, de 10 años de cárcel a cumplirse concurrentemente con cinco años a los que fue sentenciado a nivel estatal.

Los cinco años a nivel estatal fueron impuestos el 7 de marzo pasado en el Tribunal de Bayamón por violaciones a la Ley de Armas. Según el documento, en el Tribunal de Fajardo se le radicaron cargos de restricción a la libertad por medio de violencia e intimidación, secuestro, robo agravado, uso ilegal de arma y tres cargos por apuntar con arma de fuego relacionado a lo ocurrido en Luquillo, pero los cargos fueron desestimados una vez se declaró culpable a nivel federal.

El Juez criticó la desestimación de cargos a nivel estatal porque se pierde el respeto por la ley.

En el memorando de 30 páginas, Fusté resaltó que los tribunales decretaron constitucional la ley de acceso controlado debido al alto nivel de crimen en Puerto Rico. Destacó que jueces federales que visitan la isla han sido testigos de primera mano del alto nivel de crimen debido a las medidas de seguridad que se toman para protegerlos.

‘Las medidas que se toman en Puerto Rico proteger a los jueces federales son necesarias para la protección del Sistema judicial completo. Típicamente, en ciudades grandes hay áreas seguras donde las escoltas no hacen falta. En Puerto Rico, no hay lugar seguro, los residenciales públicos están al lado de hogares de lujo; la costa es compartida por personas de distintos caminos de vida, y hay una necesidad de velar constantemente la espalda’, sostuvo.

Sostuvo que los hogares de las personas no son seguros. Data del FBI indicó que en el 2013 ocurrieron 19,238 crimenes violentos. Eso es 258 crímenes por cada 100 mil habitantes.

‘No hay duda de que los crímenes violentos no han sido adecudadamente atendidos por los tribunales locales, el Departamento de Educación y la Rama Ejecutiva del gobierno’, dijo Fusté.

Recientemente, el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, sostuvo que los crímenes violentos han bajado sustancialmente en los pasados cuatro anos pero que los de índole de violencia sexual habían subido.

No obstante,Fusté señaló que en el 2011 se firmó un acuerdo entre las autoridades estatales y federales para que estos procesaran varios crímenes violentos, y aseguró que desde entonces, ha disminuido la criminalidad.

Los hechos referidos en la sentencia ocurrieron el 1 de diciembre de 2014 a las 7:30 a.m., cuando González Román y otro sujeto no identificado invadieron una residencia en Luquillo y mediante la fuerza, violencia e intimidación, apuntando con una pistola negra, amarraron al dueño de la casa, a su esposa y a la hija de ellos a sillas con cinta adhesiva.Los asaltantes indicaron que fueron a esa residencia porque sabían que el padre era un hombre de negocios exitoso del área. Los sujetos buscaron objetos de valor en el hogar pero no encontraron dinero en efectivo. Preguntaron si había armas en la casa, mientras amenazaban de muerte al esposo, quien les dijo dónde encontrar una pistola nueve milímetros que tenía en una bolsa.González Román descargó las balas de la pistola nueve milímetros y comenzó a apretar el gatillo para asustar a las víctimas. Les dijo que tenía 32 balas para distribuir entre los tres, a los que les decía que decidieran a quién matarían primero.

Al no encontrar dinero, decidieron llevarse a la esposa a buscar dinero. El segundo individuo se quedó en la casa con el esposo y la hija, mientras González Román se fue con la esposa a un cajero automático en un banco en Canóvanas, de donde retiró $500. Después la llevó aún más lejos, a Carolina, a un banco para que retirara $2,000. Fue entonces que regresaron a la casa.Al llegar, encerraron a la familia en una habitación y se marcharon en un vehículo Honda CRV de la casa. El incidente duró sobre cuatro horas. Los individuos se llevaron $2,500 en efectivo, tres cámaras fotográficas, un televisor, prendas y las llaves de los carros Volkswagen, Kia y Honda, además del arma de fuego.

Fusté recordó que el caso ocurrió poco después de la llamada masacre de Guaynabo y destacó estadísticas que ponen a Puerto Rico con más asesinatos, por encima de República Dominicana y México.

De igual modo, sostuvo que aunque el imputado era un estudiante de educaciónespecial y de bajo coeficiente intelectual, sus actos no provienen de una persona con intelecto reducido.

Sentencia González Román – NotiCel _14029