La Comisión de Derechos Civiles (CDC) se mostró satisfecha con la gestión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de reubicar a las confinadas de máxima seguridad de la Escuela Industrial de Mujeres de Vega Alta a una nueva facilidad en Bayamón porque al fin logran cumplir con una de las principales estipulaciones del caso Morales Feliciano.

Según estipula el acuerdo de transacción, que data del 2012, el Departamento de Corrección y Rehabilitación estuvo llamado a no ubicar a dos confinados (as) de custodia máxima en la misma celda con el objetivo de evitar el hacinamiento y adelantar su proceso de rehabilitación.

‘Acogemos con beneplácito la reubicación de las 108 confinadas de máxima seguridad que ahora pasan a Bayamón. Este paso constituye una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Cumplida esta estipulación, exhortamos a que se cumplan las demás establecidas en el caso que comenzó en el 1979’, argumentó Padilla Ruiz.

De acuerdo al servidor público, la CDC, como ente que vela por los derechos de los confinados y las confinadas estará observando las estrategias que estará implementado el DCR, así como las políticas del Gobierno ‘para que se cambie la perspectiva de que las instituciones penales son meramente almacenes de seres humanos y se pueda alcanzar el llamado constitucional de su rehabilitación’.

‘Estas personas están cumpliendo por sus errores pero no podemos olvidar que, por Constitución, los cobijan los mismos derechos que a una persona que goza de libertad’, subrayó Padilla Ruiz al señalar que el 29% de las querellas que recibe la CDC están relacionadas con la población correccional.

Algunas de las estipulaciones del caso Morales Feliciano que faltan por cumplir se relacionan con la falta de recurso humano para atender y custodiar la población penal y las políticas que garanticen el estricto cumplimiento de la entidad privada que provee los alimentos a la institución penal, entre otros.