El excorredor de seguros Pablo Casellas Toro, convicto en el foro local por el asesinato a tiros de su esposa Carmen Paredes y en el foro federal por simular el robo de un arma de fuego como preámbulo al crimen, será sentenciado el lunes por un juez federal visitante, debido a que su padre Salvador Casellas funge allí mismo como juez.

En un caso de alto perfil público, en el cual tanto víctima como asesino eran figuras del mundo de los seguros y el padre del convicto se presentó a la escena del crimen y su conducta fue cuestionada por varios sectores de la comunidad puertorriqueña, el antagonismo entre los representantes legales ha mantenido tanto protagonismo como el de sus propios personajes.

El proceso alcanzó las más altas esferas del poder del gobierno de Puerto Rico hace un par de semanas, cuando el gobernador Alejandro García Padilla respondió públicamente que había descartado concederle un indulto a Casellas Toro por su convicción insular del asesinato.

Por su parte, la Fiscalía Federal, que también se inhibió de procesar con sus funcionarios locales los cargos criminales por haberle ofrecido información falsa sobre el robo de un arma de fuego con el que fue ultimada la madre de dos niñas, argumentó recientemente que el juez visitante debe imponerle la pena máxima de cinco años de edad por la obstrucción de una investigación oficial porque sus conecciones con el Partido Popular Democrático le pueden servir para obtener un indulto por el caso de asesinato.

Su defensa ha abogado por una sentencia de entre uno y siete meses de prisión.

El juicio se caracterizó, además de los detalles de que la mujer leía un periódico tranquila y confiadamente en su propia residencia en una mañana, por el antagonismo de los abogados defensores con la opinión pública y con sus intentos por convertir a la prensa en los victimarios de la reputación de su cliente.

El crimen ocurrió en una urbanización de clase alta en el municipio de Guaynabo y semanas antes Casellas alegó que había sido víctima del robo de un arma de fuego en un club de tiro en el que se practica con otro tipo de estilo ubicada entre el barrio Palo Seco y la urbanización Levittown de Toa Baja, ubicado en las riberas del Río Hondo y Bayamón, cercano a una planta generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Tras su acusación, Casellas estuvo en libertad bajo una cuantiosa fianza, de millones de dólares, sujeto a la supervisión de un grillete electrónico que en ocasiones le hablaba y hospitalizado en condición de gravedad por razones que nunca estuvieron del nada claras.

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